CIUDAD DE MÉXICO, 17 de abril, (POLITIQUERÍAS / CÍRCULO DIGITAL).- La legisladora Angélica de la Peña propuso que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emita una excitativa a las comisiones competentes y presenten al pleno los dictámenes relativos a la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional y la minuta de la reforma constitucional a los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123, en seguridad, justicia y mando mixto.
En un punto de acuerdo dirigido a la Comisión Permanente, la senadora perredista consideró que aprobar esos asuntos en un periodo extraordinario de sesiones será fundamental para avanzar en la construcción del marco legislativo que el país necesita.
Ello, a fin de que las autoridades civiles garanticen la seguridad pública y las Fuerzas Armadas puedan retirarse de las calles y regresar de manera progresiva a sus responsabilidades constitucionales.
Dijo es urgente que el Congreso impulse, entre otros ordenamientos, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, la cual crea el Mando Mixto Policial, con el objeto de fortalecer las estructuras policiales y revertir las infiltraciones del crimen en las corporaciones municipales.
«Esta reforma constitucional se encuentra aún pendiente con carácter de minuta en la Cámara de Diputados», añadió.
De la Peña Gómez afirmó que de igual forma, se debe promover la expedición de la legislación secundaria en materia de mando mixto (Ley general de seguridad pública, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución).
Ello, debido a que la reforma constitucional a la que se ha hecho referencia establece que será en la legislación secundaria donde se precisarán los casos en que las instituciones policiales de las entidades federativas actuarán bajo el mando de las federales y las municipales bajo el de las estatales o federales.
Lo anterior, como consecuencia de la facultad que se otorga a los gobernadores para que asuman de manera temporal el mando de las instituciones policiales de los municipios en casos de fuerza mayor, alteración grave del orden público y las demás que determine la ley.
Además, la reforma constitucional mandata: homologación de los protocolos de actuación, de desempeño y operación de las instituciones policiales (incluido el uso legítimo de la fuerza, tema que como se argumentará más adelante, amerita la expedición de una legislación particular).
También, la creación de un Servicio Nacional Profesional Policial que prevé la homologación de normas y procedimientos de reclutamiento, ingreso, formación, capacitación permanente, remuneración mínima, carrera profesional, estímulos, reconocimiento, disciplina y prestaciones complementarias de todas las instituciones policiales del país.
La senadora perredista recordó que en su momento, las diversas fuerzas políticas representadas en el Senado coincidieron en que el objetivo de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia era construir, mantener y fortalecer las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno.
Lo anterior, para cumplir los propósitos de salvaguardar la integridad y derecho de las personas y de preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
