INDICADOR POLÍTICO

Carlos Ramírez

La semana pasada se realizó la presentación virtual de la Comisión Permanente de Análisis Hacendario de la Facultad de Estudios Sociales Aragón de la UNAM como un organismo multidisciplinario de análisis de la política económica. El tema “La economía mexicana después de la pandemia” concluyó que sin una reforma fiscal a fondo, las posibilidades de México para salir del desarrollo mediocre serán bajas.

Inaugurada por el director de la FES Aragón/UNAM, Fernando Macedo Chagolla, a lo largo de tres horas varios especialistas insistieron en que la crisis recesión/depresión sólo vino a adelantar la problemática de desarrollo de México. Y que el eje de las posibilidades del Estado para ejercer su rectoría del desarrollo depende del financiamiento propio de las finanzas públicas, hoy atadas a ingresos limitados y a gastos distorsionados.

En las conclusiones, el presidente de la Comisión Permanente de Análisis Hacendario, Carlos Loeza Manzanero, señaló la urgencia de un programa económico de emergencia pospandemia basado en cuestiones básicas:

–Estímulos fiscales a empresas y contribuyentes.

–Plazos especiales para pagar impuestos.

–Reprogramación del presupuesto del IV trimestre.

–Creación de un fondo de apoyo para la economía informal con plazo mínimo de 12 meses y con tasas preferenciales.

–Reprogramación del presupuesto de inversión dando prioridad al empleo.

–Utilizar programas con énfasis en la fuerza de trabajo en los rubros de comunicaciones, caminos, carreteras y puentes.

–Modernización del sector de transporte urbano nacional.

–Proyectos de inversión concertados con estados y municipios, con identificación por regiones y sectores de fortalezas y debilidades.

Y de manera sobresaliente, todos los participantes coincidieron que las finanzas públicas están acotadas, distorsionadas y atrapadas en gastos desordenados y por ello el Estado no puede cumplir con el mandato constitucional de rectoría del desarrollo. Para comenzar, también coincidieron que la reorganización de los ingresos públicos deben de pasar por una convención nacional hacendaria.

Los participantes  fueron especialistas con credenciales suficientes: la diputada Soraya Pérez Munguía, el reconocido economista Roberto Escalante Semerena, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina, Javier Pérez Torres, Gustavo Sauri Aluche, director de Economía de la Universidad Anáhuac, Eduardo Gómez de la O, presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público, y el autor de Indicador Político como presidente de la Comisión de Análisis Político y Social del Colegio de Economistas del Valle de México.

El tema de los impuestos es clave para definir las fortalezas y debilidades del Estado. La rectoría del desarrollo, la distribución de la riqueza y la detonación de proyectos productivos dependen de que el Estado tenga los fondos suficientes para usarlos en la inducción del crecimiento económico.

El tema del papel del Estado se dinamiza en cada alternancia política en la presidencia. El presidente Fox tardó tres años en conciliar con el PRI la realización de la primera convención nacional hacendaria –antes había habido tres convenciones fiscales–, pero sus resultados fueron acotados por el guardián de la ortodoxia neoliberal Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda de Fox.

Hoy que llega un nuevo grupo gobernante con otro pensamiento político diferente al neoliberal que ha dominado la política económica de 1979 a 2018, la reformulación de las tareas sociales del Estados exige finanzas sanas, pero que sean producto de ingresos crecientes y no de frenos en el crecimiento económico y en el gasto social. La desigualdad social y la pobreza sólo puede ser atendida por los Estados sociales y no por los neoliberales. De ahí la importancia de una convención nacional hacendaria que reorganice las finanzas publicas con objetivos de programas sociales crecientes y con financiamiento sano. Hasta ahora, el gobierno de la 4T se ha dedicado a disminuir gasto y rascar dinero del presupuesto, pero con limitaciones fiscales.

La tarea de redistribuir el ingreso, dinamizar el desarrollo y combatir la marginación, pobreza y limitaciones del 80% de los mexicanos que vive con una a cinco carencias debe de pasar de manera obligada por una gran revolución en los ingresos fiscales.

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