Sin seguro formal, 90% del transporte público colectivo en la capital

El presidente de la asociación, Federico Reyes Heroles, propuso por ello incrementar las tarifas de ese transporte público, a cambio de que los permisionarios contraten un seguro comercial y con cobertura de daños a terceros.

«Si es necesario incrementar las tarifas, bienvenido», porque no hay respeto por la vida de los usuarios ni de su patrimonio, ya que la mitad de las personas que son hospitalizadas por un accidente vial, adquiere una deuda hasta cien veces mayor a sus ingresos, alertó.

En su opinión, “no es posible que veamos venir a una pesera y salgamos corriendo, porque si tenemos un accidente con ellos, no hay forma de reparar el daño. Es una forma de salvajismo institucionalizada porque hay muchas autoridades involucradas, tanto a nivel local, como federal”.

Al presentar los resultados de la investigación “Inseguridad frente al transporte público”, realizada por Impunidad Cero, señaló que se observó la carencia de un seguro pleno en esa modalidad de transporte público conocido como “peseros”, lo que implica un alto costo para las personas de escasos recursos que son en su mayoría, quienes los usan.

“Es un costo muy alto en términos económicos, porque se empobrecen al perder su patrimonio, está comprobado, los heridos y las personas que fallecen son muchas”, lamentó.

Recordó que es necesario que el gobierno capitalino retome y lleve a cabo el programa de revisión que anunció en marzo de 2012, cuando reconoció que las mutualidades no tienen capacidad financiera para responder en caso de accidentes.

Las mutualidades son asociaciones de personas que, sin dar pólizas o contratos, conceden a sus miembros coberturas en caso de muerte, beneficio en caso de accidente y enfermedades, o indemnización por daños, principalmente de automóvil.

Reyes Heroles abundó que desde hace 20 años se propuso la obligatoriedad de un seguro formal para las llamadas “peseras”, a fin de proteger a terceros y no sólo a los operadores, como lo hacen las mutualidades, además de que las compañías aseguradoras deben hacer una propuesta accesible para este sector del transporte público.

Al respecto, la responsable de la investigación, Mara Rivera Ávila, detalló que el riesgo de que ocurra un percance mientras es utilizada esta modalidad de transporte público es del 25 por ciento de los accidentes viales en la Ciudad de México.

Denunció que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México expide permisos y concesiones para transporte público de pasajeros a quién entrega documentos expedidos por las instituciones conocidas como mutualidades.

Rivera Ávila dijo que esa figura no está reconocida ni regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), ni por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Expuso que de acuerdo con la Ley de Movilidad local, entre los requisitos para obtener y mantener un permiso para ofrecer el servicio de transporte público de pasajeros está la contratación de una póliza de seguro para «indemnizar los daños y perjuicios que con motivo de dicha actividad pudiese ocasionar a los usuarios peatones y conductores o terceros en su persona o patrimonio».

Sin embargo, acotó que de acuerdo con una solicitud de información pública, dicha dependencia local afirmó que la documentación presentada por los concesionarios se sujeta al principio de “buena fe”.

“Lo cierto es que existen operadores de taxis, microbuses y camiones que obtienen el permiso correspondiente al presentar una póliza expedida por una mutualidad, que a decir de la CNSF y la Condusef no están reconocidas, ni supervisadas, y mucho menos tienen permisos para operar”, advirtió la investigadora.