Solicita senador Sánchez Navarro que SHCP y congresos destinen más recursos a la protección de la niñez y la adolescencia
CIUDAD DE MÉXICO, 25 de julio (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL). –La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los congresos de las entidades federativas deben destinar los recursos necesarios para el funcionamiento de las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y de los programas y políticas en materia de derechos de este sector, solicitó el senador panista Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.
Mediante un punto de acuerdo, el legislador de Acción Nacional refirió que expertos en la materia coinciden en que el Estado mexicano ha fallado en el cuidado de niños y adolescentes, debido a que no ha fomentado la creación de un ambiente protector que garantice su desarrollo libre de violencia.
“De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, seis de cada diez niñas, niños y adolescentes entre uno y catorce años han vivido algún método agresivo de disciplina en sus hogares, y uno de cada quince ha recibido alguna forma de castigo físico severo”, refirió en su proposición.
Por otra parte, agregó, el INEGI destaca que durante 2015 se registraron mil 57 homicidios de niñas, niños y adolescentes (2.8 por día); mientras que de 2014 a 2015 los asesinatos de adolescentes entre 15 y 17 años se incrementaron 3.8%.
En tres de cada 100 casos de muertes de niños y adolescentes (de 0 a 17 años) se identificó la presencia de violencia familiar, abundó.
“Ello resulta alarmante, ya que estudios muestran que los niños que sufren de violencia crónica, por lo general registran sintomatología, como cambios de conducta, depresión, estrés postraumático, miedo y ansiedad.
”La frecuencia, intensidad y edad del abuso determina la gravedad del impacto. Por ejemplo, los niños expuestos a violencia, en sus primeros años de vida, pueden sufrir efectos irreversibles en su desarrollo físico, emocional e intelectual”, refirió.
Para el senador del PAN “resulta fundamental que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los congresos estatales establezcan la canalización de mayores recursos públicos para la implementación de las políticas enfocadas en garantizar una vida libre de violencia a los niños, niñas y adolescentes”.
