Solo 16 estados han tipificado como delito el acoso sexual

«Tenemos que dar pasos firmes y trabajar en diversas aristas de manera simultánea, la violencia de género abarca una serie de problemáticas que viven las mujeres, entre ellas el abuso sexual, que debe combatirse como un verdadero cáncer social que cada día debilita más el tejido social en México», expuso.

Señaló que en la armonización de los delitos a nivel nacional solo se ha legislado 57 por ciento para penas mínimas y 36 por ciento para penas máximas, lo cual es un rezago lacerante.

La vicecoordinadora del Proceso Legislativo del PAN en la Cámara de Diputados informó que de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el acoso sexual es «una forma de violencia.

«Si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos», expuso.

En cuanto a las agravantes, argumentó, Baja California Sur no las contempla y Nayarit es el único que no refiere que si el acosador es servidor público recibirá una pena mayor y la destitución del cargo, mientras que Veracruz coloca como agravante del delito de acoso sexual la subordinación de la víctima frente al acosador.

La secretaria de la Comisión de Seguridad Social apuntó que Coahuila, Distrito Federal, Estado de México y Tamaulipas tienen como agravante que este delito se cometa contra menores de edad.

«En el caso de Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz, sí se considera agravante cuando se comete contra un menor de edad, pero no hace mención respecto de las personas con discapacidad», observó.

Advirtió que «hay una serie de datos que son alarmantes, por ejemplo en 2011 la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares arrojó que cerca de la mitad de las mujeres de entre 15 y 30 años han sido víctimas de acoso laboral en nuestro país».

Recordó que se hizo un exhorto a la Asociación Nacional de Universidades para iniciar la elaboración de protocolos contra la violencia de género en Universidades, el cual fue dirigido para los rectores de las Universidades públicas del país, ante la indefensión principalmente de la mujer al acoso sexual en los centros educativos.

Puntualizó que desde el legislativo se buscará la coordinación con los ejecutivos estatales y los congresos de todas las entidades federativas en donde no está tipificado el delito de abuso sexual.

Lo anterior para tratar de apoyarlos a fin de lograr la tipificación y la armonización de la ley federal con las leyes estatales para así tener la oportunidad de generar los instrumentos que le den más seguridad a la mujer en México.