Uber carece de un manual de recomendaciones para evitar el robo de datos
CIUDAD DE MÉXICO, 17 de Marzo de 2018 (LIBERTADORMX / AMPRYT).- El Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, Ernesto Sánchez Rodríguez, solicitó a la PGR, un informe detallado sobre los avances realizados con Uber para garantizar la protección de datos personales de los usuarios de este servicio de transporte privado en la Ciudad de México.
“La Procuraduría informó y se comprometió a elaborar un plan para proteger a los usuarios por medio de la Agencia de investigación Criminal”, aseguró el panista.
Ernesto Sánchez subrayó que Uber México ha demostrado una “fracasada” plataforma de seguridad online y el usuario ve comprometida su información personal cuando usa este servicio.
La empresa ya ha tenido diversos problemas de seguridad. Recordó que en 2016 se filtró la base de datos a nivel mundial.
“No podemos esperar a que el mercado negro haga mal uso de la información personal para extorsionar o defraudar”.
Mencionó que Uber México es una empresa internacional que le ha fallado a la Ciudad de México en temas como respeto a la movilidad, seguridad al viajero y ahora, el riesgo latente de vulnerar la integridad y el patrimonio de los usuarios.
En este sentido, el panista también se sumó al llamado del Congreso de la Unión para solicitar a la PROFECO y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, reforzar la protección de los datos de usuarios de UBER.
Agregó que la empresa UBER no tiene recomendaciones precisas para que el usuario conozca la forma de resguardo y seguridad de su información.
Detalló que su bancada ha apelado por la protección de datos personales en ramos de la esfera pública, por medio de una ley que aprobó la Asamblea en 2017.
Explicó que el PAN en el Congreso ya hizo su parte al exigir a la empresa resguardar la privacidad de los usuarios y también su información bancaria ante cualquier tipo de robo financiero o estafa.
A la PGR, indicó el diputado, le corresponde, por obligación, tener una carpeta de investigación abierta por probables delitos cibernéticos en contra de los clientes.
