Urge despenalizar los delitos de difamación, injurias y calumnias
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio (CÍRCULO DIGITAL).-El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri (PRD), urgió a los congresos locales a promover en breve la legislación en materia de protección a periodistas y despenalizar los delitos de difamación, injurias y calumnias, a fin combatir la violencia contra el gremio y permitir el libre ejercicio de la libertad de expresión.
En un comunicado, el también coordinador de los diputados del PRD externó su preocupación por la creciente violencia en contra de comunicadores y los elevados niveles de impunidad ante estos crímenes.
“Este sexenio no sólo será recordado por sus malos manejos administrativos y altos índices de corrupción; también estará marcado por la indiferencia hacia la protección de los periodistas, ya que el 99.7 por ciento de los casos no se resuelve, ante la indiferencia de las autoridades municipales, estatales y federal”, señaló.
El líder parlamentario subrayó que, de acuerdo con cifras de la organización Artículo 19, el 2016 fue el año más violento para ejercer el periodismo, toda vez que se registraron 426 agresiones, entre las que se incluyen 11 asesinatos; y en lo que va del presente año seis periodistas han sido asesinados y 24 más están desparecidos.
Informó que, derivado de esta situación, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para que de manera urgente los gobernadores estatales promuevan las legislaciones correspondientes en materia de protección a periodistas y excluyan de sus códigos penales los delitos de injuria, difamación y calumnia.
Detalló que “al día de hoy se han despenalizado los delitos de prensa en el ámbito federal, así como en 23 entidades federativas, pero aún quedan estados como Nayarit, Nuevo León y Yucatán, por mencionar algunos, que mantienen en su legislación los tipos penales de difamación, calumnia e injuria y en otros casos la despenalización ha sido parcial”.
Martínez Neri hizo un llamado para que “tanto el Ejecutivo federal como la Procuraduría General de la República (PGR) dejen la estrategia de simulación e implementen acciones contundentes, a fin de salvaguardar la labor de los comunicadores”.
