Urge que los gobiernos estatales certifiquen a sus policías para profesionalizar la seguridad pública en el país
Ciudad de México a 20 de Enero ( FRANCISCO MONTAÑO / MENSAJE POLÍTICO/ CÍRCULO DIGITAL).-Senadores y diputados urgen a los gobiernos estatales certifiquen a los integrantes de las instituciones de seguridad pública bajo su mando, de acuerdo con los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial,con la finalidad de profesionalizar la seguridad pública en el país, ya que al día de hoy nadie cumple con el ordenamiento constitucional y siguen utilizando policías uniformados no certificados.
La senadora Yolanda de la Torre Valdez argumentó en un punto de acuerdo, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, que el 19 de septiembre de 2016 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los referidos Lineamientos, en el marco de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 30 de agosto de ese mismo año, establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El ordenamiento mandata que los aspirantes e integrantes de los cuerpos policiacos deben presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza, de habilidades y del desempeño, así como obtener y mantener actualizado el Certificado que expedirá el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) respectivo, para ingresar y permanecer en las instituciones policiales de los estados.
En el acuerdo del Artículo Transitorio Tercero de los referidos Lineamientos, se especifica que las instituciones de Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal, de procuración de justicia y del sistema penitenciario, deberán certificar a todos sus integrantes con el Certificado Único Policial, a más tardar el 9 de septiembre de 2019
Desde el año 2008 existe un mandato en el Artículo 21 de la Constitución para que todas aquellas personas que ingresen a las instituciones de seguridad pública, cuenten con un certificado para tal efecto. En el 2009 se determinó que en cuatro años todos los elementos deberían contar con su documento o serían separados del cargo, pero hasta el día de hoy, los gobiernos estatales siguen utilizando policías no certificados, señaló.
En el 2013, agregó, la separación de policías que no tuvieran el Certificado Único debía iniciar, pero en lugar de ello se emitió una ampliación de 12 meses, a partir de una reforma legal solicitada de emergencia al Congreso de la Unión.
“Después de esos doce meses, ya no hubo ni ampliación del plazo legal, sencillamente se llegó a la situación actual: Las policías estatales a la fecha cuentan con cero certificaciones”, puntualizó.
En algunas entidades, aseguró, existen agrupamientos a cuyos agentes se aplica una prueba de polígrafo, se completa la formación académica policial o participan en algunos cursos, pero en ningún caso se cumplen los requisitos que mandata la Constitución y sólo la Policía Federal mantiene los tres puntos señalados como requisito de ingreso al trabajo activo.
Afirmó que a diez años de las reformas establecidas en la Constitución, “el número de certificados emitidos en el país es cero; ningún estado del país cumple esta premisa constitucional y, de acuerdo con Álvaro Vizcaíno, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será hasta este año cuando los policías empiecen a contar con los certificados y hasta 2019 cuando se tenga a todos los policías en regla”.
A partir de este año, dijo, iniciará un nuevo intento de certificar a los 128 mil 922 policías estatales de todo el país y así acreditarán que cuentan con competencias básicas para desempeñarse en labores de seguridad.
Recordó que en 2017, cerca de 9 mil policías estatales reprobaron las evaluaciones de control de confianza en todo el país; de ellos, 4 de cada 10 de Sinaloa y tres de cada 10 de Baja California Sur y Nayarit fracasaron y tendrán que ser sustituidos.
En el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas de diciembre pasado, la Secretaría de Gobernación señaló que los estados deberán “depurar” a los 8 mil 921 elementos que reprobaron las evaluaciones.
La propuesta se turnó para su dictaminación a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
