Ciudad de México a 03 de septiembre (JUAN R. HERNÁNDEZ / CÍRCULO DIGITAL).-Es indispensable replantear el modelo de financiamiento público a los partidos políticos, ya que “fracasó, está roto, quebrado”, así como modificar los topes de campaña y combatir los recursos ilegales, sostuvo el ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Carlos Ugalde.
Así lo afirmó durante su conferencia magistral “Competitividad y certeza electoral: elecciones 2017 y escenarios de 2018”, como parte del diplomado “Análisis Político y Campañas Electorales”, que coordina la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presidida por el diputado Jorge Triana Tena (PAN), en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El presidente del IFE entre 2003 y 2007 recomendó hacer obligatorio el voto, para evitar el clientelismo electoral y establecer la segunda vuelta electiva, a fin de estimular el voto sincero de los ciudadanos en la primera ronda y el reflexivo en la segunda.
Sostuvo que la fiscalización del actual INE se basa en los reportes de partidos políticos que, “por definición, son incompletos”, y con las auditorías que realiza, nunca va a descubrir el dinero que proviene de contribuciones privadas.
Por ejemplo, dijo, “los 20 millones que dio el empresario al candidato o el pago que hizo ese candidato a un medio de comunicación para promoverlo, por lo que se requiere una reforma electoral base cero para replantear todo nuevamente”.
En el evento, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, comentó que no hay un punto de referencia correcto para determinar si es elevado o no el costo presupuestal de las elecciones, en la medida en que no existe una evaluación de la efectividad de ese gasto.
El problema, continuó, es que las autoridades electorales no definen aún las métricas para saber si estos recursos funcionan bien o mal.
Refirió que los recursos solicitados por el INE para el 2018 ascienden a 25 mil millones de pesos. “El hecho de que no hay métricas para evaluar lo anterior, no nos permite ver si esta cantidad es elevada o no”.
Sostuvo que decir si es mucho o poco el gasto para las elecciones dependerá con qué se compare, ya que, respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), representa 0.5 por ciento, y en la economía nacional 0.2 por ciento.
Sin embargo, el tema de fondo es la percepción de malestar que tiene la población al respecto, ya que opina que el recurso es mucho y se gasta mal, lo que genera a su vez mayor desconfianza, desacato y litigios, afirmó el también académico y director general de Integralia Consultores.
Precisó que la reforma de 2007 establecía que se abarataría el costo de la democracia en México, pero la realidad es que no existe un ejercicio de evaluación de nuestro sistema electoral, y las reformas en la materia se han hecho como base de sanación y negociación interna.
Comentó que a pesar de que el modelo de integración de casillas es sólido y genera aleatoriedad e imparcialidad, sigue existiendo desconfianza entre los ciudadanos y hay un rechazo creciente para ser funcionario de casilla.
“Se trata de un tema estructural que significa que el modelo de organización de los comicios tiene un costo implícito que antes no existía. La gente ya no quiere ser funcionaria. Lo que en los años noventa era motivo de orgullo, hoy esta actividad es desdeñada por muchos, sobre todo en las zonas urbanas”.
Resaltó que entre los motivos por los que las y los ciudadanos ya no quieren cumplir con esta responsabilidad se encuentra la desconfianza hacia el sistema electoral y los partidos políticos, porque creen que se les va a acusar de fraude y por la inseguridad.
“El problema de la corrupción y la impunidad es estructural y hasta ahora México muestra que las alternancias no han cambiado eso. Por ello, el argumento de los partidos políticos y candidatos de que ‘yo soy la solución´, no se sostiene, porque no se trata de un asunto de voluntad”, subrayó.
