CIUDAD DE MÉXICO, 30 de noviembre, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- La situación del acuífero de la Ciudad de México es “muy crítico”. Todos los especialistas de las instituciones tanto de las universidades como de la Comisión Nacional del Agua coinciden en que en un horizonte no mayor de 10 años vamos a entrar en una crisis inmanejable.
Esto fue planteado por el ex líder del PAN en la ciudad de México y ex director de CONAGUA, José Luis Luege Tamargo al presentar 3 iniciativas para modificar los artículos 14, 20 y 24 del proyecto de Constitución que se discute en la Asamblea Constituyente.
El Sistema de Aguas de la Ciudad requiere inversiones cuantiosas que no se tienen actualmente y que no las habrá por lo menos en los dos próximos años porque se requieren miles de millones de pesos para mejorar la eficiencia de CONAGUA por lo que se deberá repensar su conformación.
Lo ideal, dijo, es un organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, eso garantiza la mayor eficiencia. Pero podría quedar de manera enunciativa como un ente público y en la legislación secundaria llevarlo a cabo, sin embargo, en el artículo 14 de la propuesta hay un problema.
Textualmente se prohíbe toda forma de privatización del agua, cuando el artículo 27 de la Constitución General de la República establece que el agua es un bien público, inalienable, imprescriptible, inembargable. Por tanto, no hay ningún riesgo en cuanto a la privatización.
El problema es la confusión en el concepto de participación privada y entonces se impide la participación pública privada. Hay que recordar que la Ley de Asociaciones Público Privada es de carácter constitucional y federal, aprobada prácticamente en todas las Constituciones del país.
Esta implica solamente la conformación de consorcios de participación pública y privada que en financiamientos a muy largo plazo, da una garantía de transparencia y de inversión de los grandes recursos que se necesitan para enfrentar este grave problema que vivirá la ciudad de México.
Por tanto, Luege Tamargo propuso modificar la redacción del artículo 14 del proyecto de Mancera para que en vez de decir “se prohíbe la privatización”, se introduzca el texto:
“Se promoverá por todos los medios la participación público privada con objeto de conseguir las inversiones necesarias que garanticen el derecho al abastecimiento y saneamiento del agua, siempre bajo la rectoría del gobierno de la ciudad”.
De no conseguirse recursos pronto, la Ciudad de México estará en una crisis impensable en el muy corto plazo, advirtió Luege al hablar ante la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática de la Asamblea Constituyente que discute este tema.
“La única forma de tener recursos en los próximos años, por la situación del país y de la ciudad, es con una inversión público-privada, que no significa privatizar el recuso”, enfatizó en su exposición.
En cuanto a las modificaciones de los artículos 20 y 24, dijo que en el primero, sobre el Sistema de Planeación, se propone que el Plan de Desarrollo Urbano sea Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Metropolitano.
Ello porque, pese a que está bien conceptualizado el tema metropolitano, no se llega a fondo. No hay en realidad coordinaciones metropolitanas, no funcionan. La COMETRAVI no sabemos dónde quedó; la única Comisión Metropolitana que medio opera es la ambiental.
La propuesta es que en ambos artículos es que en lugar del Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano, se implemente una Agencia Metropolitana de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Hay problemas de carácter legal porque nuestra Constitución General no contempla como un órgano de gobierno a la metrópoli, pese a que en todo el mundo existe la política metropolitana. Por ello la propuesta de crear una Agencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Metropolitano.
Esto implica un organismo con autonomía de gestión, que está conformado por los gobiernos de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es decir, los municipios conurbados con las delegaciones del Distrito Federal.
En el artículo 24, se debe abrir la posibilidad de tener organismos públicos descentralizados metropolitanos de agua y de transporte, aunque la propuesta podría ampliarse a todos los servicios, pero lo urgente son estos dos rubros.
