Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Allá por los 50’s del siglo pasado una frase de César “El Tlacuache” Garizurieta –muy amigo del presidente Adolfo Ruiz Cortines- llegó para quedarse en la política mexicana:

“Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, sentenció.

Tan fuerte fue su convicción, que al quedarse sin empleo se suicidó.

Hoy Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Andrés Manuel López Obrador –presidentes de PAN, PRD y MORENA-, han hecho la frase delTlacuache realidad, al no renunciar ante el INE a las partidas presupuestales de este naciente octubre como sí lo hicieron ya PRI, PVEM, PES, Panal y MC en favor de los damnificados de los terremotos de septiembre.

El hecho fue registrado de inmediato por el presidente del PRI, el doctor Enrique Ochoa Reza quien fue el primero en acudir ante las autoridades electorales a formalizar la renuncia de las partidas presupuestales del PRI no sólo para octubre sino para todo el fin de este año.

Confrontados por los hechos de la tragedia y el reclamo popular de que los partidos debieran renunciar a sus multimillonarios presupuestos en favor de los afectados por los terremotos, Anaya y Barrales –puntales del llamado Frente Ciudadano por México-, se presentaron en San Lázaro acompañados por Dante Delgado de Movimiento Ciudadano para presentar un plan de reconstrucción nacional que desde un inicio fue asumido por todos como una mala y enredada excusa para no regresar los dineros públicos asignados.

Anaya y Barrales intentaron trasladarle al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el costo de la recuperación al indicar que el presupuesto de Egresos de 2018 debía contener fuertes recortes que debieran ser destinados al beneficio de los damnificados y afectados de los sismos.

Para quienes los expertos en presupuestos el plan de Barrales y Anaya era más que un mal pretexto para evitar renunciar al financiamiento público destinado a sus partidos.

REPUDIO A ANAYA     

El malestar alrededor de esta evasiva cobró especial relevancia entre colaboradores del cuestionado dirigente blanquiazul y de parte de empleados del PAN quienes fueron notificados durante el pasado fin de semana que serían despedidos en los siguientes días.

A decenas de ellos se les dijo que su despido obedecía a que se dejarían de recibir las prerrogativas del INE para ser recanalizadas al apoyo de los damnificados.

Sólo que hay un hecho: Anaya no renunció a las prerrogativas de octubre y estas fueron depositadas por el INE  ayer primero del mes, como ocurre con todas las partidas anteriores.

Es decir, la dirigencia de Anaya no tiene hasta ahora ningún pretexto para prescindir de ningún trabajador, pues tiene dinero suficiente para pagar honorarios.

PURA DEMAGOGIA   

Ante esta realidad, el doctor Ochoa Reza, líder nacional del PRI advirtió ayer que la negativa de Anaya, Barrales y AMLO a renunciar a las partidas presupuestales públicas del INE, deja sin 133 millones de pesos a los fondos orientados a la ayuda de damnificados.

“Todos ellos le mintieron al pueblo de México: el 22 de septiembre, PAN y PRD prometieron que la totalidad del dinero de sus partidos se iría al apoyo de los damnificados. El mismo día, López Obrador ofreció hacer lo mismo. Los tres partidos incumplieron su promesa”, precisó el priista.

Y agregó:

“Si Anaya, Barrales y López Obrador siguen con esta simulación, recibirán por el resto del año cerca de 400 millones de pesos de dinero público, que no se destinará para atender la emergencia que hoy vive México… así de simple y ese dinero irá a privilegiar a sus dirigencias”.

Los hechos advierten quienes simulan y son demagogos, precisó el dirigente del PRI.

“Nosotros ya cumplimos. Regresamos 258 millones de pesos que teníamos asignados para lo que resta del año. Todo eso va para los damnificados y la reconstrucción en los estados afectados.

“Ellos recibirán 399 millones en lo que resta del año. Es dinero público que no les pertenece y que van a utilizar en sus intereses y caprichos, en vez de aportarlo para atender la emergencia que hoy vive México”, concluyó.

INICIA PASARELA PRESIDENCIAL

Con la asistencia de José Antonio Meade mañana a un Pleno del Senado encabezado por Ernesto Cordero y todos los senadores y sus coordinadores, iniciará en los hechos la pasarela priísta a la sucesión de Enrique Peña Nieto.

El pretexto es la glosa del quinto Informe de Gobierno del mexiquense.

Con esta comparecencia se estrena además la senadora mexiquense Ana Lilia Herrera como la gran conductora de los acuerdos de conducción y moderación de la asistencia del aspirante más mencionado dentro de la contienda del tricolor hacia Los Pinos.

Ana Lilia Herrera será en los hechos la responsable de una comparecencia tersa o dura que pudiera significar el afianzamiento o el descarrilamiento de Meade en su intento por obtener la, a pesar de todo, apreciadísima candidatura presidencial del PRI.

Claro, la senadora Herrera tendrá sin duda el apoyo de Emilio Gamboa, a quien no se le va una en el Legislativo.

Justo en una semana, el martes 10 de este octubre, seguirá la comparecencia del canciller Luis Videgaray ante el pleno del Senado.

UN PRESUPUESTO DEL TAMAÑO DEL RETO

Así, mientras la vida nacional retoma su paso, en San Lázaro el presidente de los diputados, el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín reconoció que hoy todo se puede considerar como antes y después de los sismos de septiembre.

Es por ello que la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el último año del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, dijo, estará marcado por las nuevas circunstancias.

Hoy prácticamente todo lo que se refiere a este Presupuesto está ya marcado por la reconstrucción.

Pero eso no significará, aclaró, ni afectar ni alterar partidas a cuestiones como seguridad, salud, educación y programas de asistencia social.

ENDURECER NORMAS

Para la perredista Evelyn Parra, secretaria de la Comisión de la Ciudad de México en San Lázaro no hay alternativa:

“El desastre nos obliga a endurecer la Ley de Construcción no sólo en la capital del país sino en todo el país”.

Hoy, dijo, se requiere de crear un Instituto de Verificación autónomo, que revise, y rechace o apruebe, y además de seguimiento, vigile, todos y cada uno de los proyectos técnicos de construcción o modificación en la capital y el resto de la República.

Sólo así tendremos certeza de se cumplen o no las reglas existentes y sólo así tendremos a quien reclamar administrativa o penalmente cuando esto no ocurra.

QUE SEAN VINCULATORIAS

Las demandas ciudadanas exigen que los organismos autónomos y las instituciones sean dotadas de “dientes”, es decir, de la capacidad de castigar a quienes no cumplan o violen normas y leyes.

Por ello el senador panista Raúl Gracia Guzmán propuso elevar a rango constitucional que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sean de carácter vinculante a fin de obligar a las autoridades a cumplirlas y cerrar el círculo de la protección de los derechos humanos en el país.

Hoy estas recomendaciones están sujetas a la aceptación de las autoridades y en lo más que derivan en es sanciones administrativas cuando muchas de ellas debieran tener sanciones penales.

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, el senador por Nuevo León propuso reformar el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política, para establecer que los organismos de protección de los derechos humanos “formularán recomendaciones públicas vinculantes, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. (Y) Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos”.

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