Tras la puerta del poder

ROBERTO VIZCAÍNO

Durante el pasado fin de semana, y en menos de 24 horas, el Senado y la Cámara de Diputados tramitaron la Ley de Seguridad Interior, que el presidente Enrique Peña Nieto seguramente promulgará esta semana.

En una y otra cámara la controvertida Ley fue aprobada con la participación de legisladores del PRI, PVEM y de algunos panistas y perredistas.

En el Senado la Ley se aprobó por 76 a favor y 44 en contra con 3 abstenciones y 5 legisladores ausentes.

En San Lázaro el tablero electrónico registró 262 a favor, 26 en contra y 209 ausentes.

Si se observa el desglose de la votación, se verá que las fracturas y debilidades predominan en la oposición. Si se va uno a los debates, quedará por demás claro que la grieta mayor está entre los panistas, donde Ernesto Cordero y su grupo volvieron a jugar vencidas con Fernando Herrera y el suyo.

Ambos grupos se pegaron duro y sin conmiseración, y los denuestos y descalificciones se fueron de lo personal a lo grupal más allá de argumentos y razones. El rompimiento entre ellos simplemente no tiene remedio.

Mientras eso ocurre, la mayor consistencia está del lado oficialista.

Es así que de los 128 senadores que integran la cámara alta, el total de los 53 del PRI que coordina Emilio Gamboa, más 6 del PVEM de Carlos Puente y 12 de los 38 del PAN, votaron a favor.

En esa cámara lo hicieron en contra 14 del PAN, mientras otros 12 de esa misma bancada se ausentaron. ¿Por qué 12 senadores panistas se ausentaron? ¿Estaban a favor y no quisieron confrontar la línea de la dirigencia de Acción Nacional que había pedido votar en contra?

Más o menos lo mismo ocurrió pero en menor escala en PT-Morena que comandan al alimón Manuel Bartlett y Miguel Barbosa, de los cuales 14 votaron en contra mientras 2 se salieron y en el PRD de Luis Sánchez, de 8, votaron 4 en contra y 4 se quedaron fuera.

Es decir, si los ausentes estaban a favor y no acudieron para no romper con la línea de sus dirigencias, eso significa que si no hubiera habido ese temor, la Ley de Seguridad Interior se hubiera aprobado en el Senado no por 76 votos, sino por 94 votos.

En la colegisladora, la Cámara de Diputados, la ruptura de la oposición es mayor.

Ahí los 199 del PRI y 38 del Verde junto con 11 del PAN, 2 del PRD, 1 independiente y 2 del PES –partido que horas antes hacía Coalición electoral con Andrés Manuel López Obrador-, sacaron adelante en apenas unas 3 horas y con 262 votos a favor la Ley de Seguridad Interior.

En San Lázaro fue verdaderamente sorprendente que esa Ley se aprobara por 262 votos a favor, sólo 26 en contra y con la ausencia de 209 diputados de la oposición.

¿Por qué los coordinadores del PAN, PRD. MC y PT en esa cámara ordenaron a los suyos salirse del Pleno? ¿Por qué si durante todos los días, semanas previas habían estado en contra no dejaron que sus diputados votaran? ¿Temieron que una parte lo hicieran a favor?

ALGUNAS REFLEXIONES

El trámite y aprobación de esta Ley deja algunas lecciones y reflexiones.

1)    Una vez más falló la comunicación. Nadie desde las cámaras ni desde el Gobierno explicó que el trámite de esta Ley tenía ya 9 meses de deliberaciones en el Legislativo, y que por lo tanto su aprobación a pesar de las premuras finales no podía de ninguna forma calificarse de un trámite fast-track como algunos hicieron creer.

2)    No hubo tampoco nadie que hiciera un resumen sencillo para explicarles con peras y manzanas a los mexicanos y a los interesados fuera del país que la Ley no era para militarizar al país sino para subsanar una debilidad sistémica e institucional en los gobiernos de los Estados. Que los soldados y los marinos están en las calles del país cumpliendo tareas de seguridad pública desde hace al menos 10 años, cuando el presidente Felipe Calderón los lanzó a esa batalla. Y sigue ahí porque los gobernadores no han hecho su tarea de crear cuerpos capacitados, debidamente pertrechados y bien pagados para hacer frente al narco y la delincuencia organizada. Que para los mandatarios estatales ha sido muy fácil dejarle esta tarea a la Marina y al Ejército, y al Presidente de la República que como Jefe de las Fuerzas Armadas los manda. Que de entrada la intervención de soldados y marinos en sus estados y ciudades no les cuesta, porque eso lo paga el Gobierno Federal, y si fallan o cometen violaciones entonces la culpa no es de ellos sino de los militares.

3)    Bastó ver las manifestaciones de 20 personas en contra encabezadas por Diego Luna, Gerardo Fernández Noroña, Solalinde y el otro actor de malas películas, creo de nombre Gael no sé qué, para darse cuenta que para la mayoría de los mexicanos el tema era irrelevante. La mayoría de los mexicanos apoyan a soldados y marinos, y más donde combaten a narcos y delincuentes.

4)    También se vio que el tema no prendió en las incipientes campañas electorales.

5)    Ahora el asunto pasa a lo judicial donde la Suprema Corte de Justicia seguramente tramitará dentro de un año o dos las quejas de la CNDH y otros, que deberán fundamentar muy bien sus quejas para no caer en el espacio de defensores de narcos y delincuentes porque a veces sus demandas parecen más una batalla de defensa de los malos que de los buenos.

Por lo demás, no habrá cambio. No hay duda que el presidente Enrique Peña Nieto promulgará esta Ley en los días siguientes. Es una exigencia sin retorno de las Fuerzas Armadas.

ENSENADA EN PUGNA

Dónde no la están pasando bien, es en Ensenada, B.C., donde el alcalde panista Marco Novelo paga los platos rotos de su antecesor.

Mire, le platico: resulta que el Presidente Municipal Novelo -empresario de origen por cierto-, tendría que devolver a la federación más de 308 millones de pesos debido al mal manejo financiero de su antecesor, el priísta Gilberto Hirata Chico, quien habría desviado recursos no ejercidos, además de haber dejado considerables adeudos con proveedores.

¡Bonita cosa! Mientras el alcalde anterior no cumplió compromisos previstos dentro del ejercicio con fondos federales, y como tampoco cumplió con el pago de sus contribuciones al SAT, quien ahora debe hacer frente a todo eso es el alcalde actual, Marco Novelo.

Debido a todo lo anterior, a la administración de Novelo es a la que, desde octubre anterior, le descuentan 12 millones por mes de sus participaciones federales y ahora no tiene ni para pagar aguinaldos.

Lo bueno es que, cuando todo parecía que Gilberto Antonio Hirata Chico era intocable, la sindicatura municipal por fin lo pudo localizar y el viernes pasado compareció por primera vez en respuesta a un citatorio.

Todos por Ensenada esperan que este no sea éste otro caso más de un político cubierto por el manto de la impunidad.

Esto porque es altamente sospechoso que, habiéndose detectado y comprobado el desvío de recursos, la Auditoría Superior de la Federación no actúe con rapidez y aplique la ley.

MISIÓN CUMPLIDA

Luis Antonio Godina, Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, afirma que este organismo cumplirá con las metas programadas para 2017, y que en 2018 mantendrá el ritmo de colocación de créditos hipotecarios en beneficio de los trabajadores del Estado.

Este informe de resultados lo presentó en el marco de la sesión ordinaria 895 de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, encabezada por el director general del ISSSTE, el exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza.

Godina indicó además que, durante el mes de noviembre, se registró un avance del 89 por ciento en el desarrollo de la colocación de créditos en los esquemas Tradicional, Pensionados, FOVISSSTE INFONAVIT Conyugal, Aliados Plus y Respaldados, lo que equivale a un monto de más de 32 mil millones de pesos ejercidos en beneficio de sus derechohabientes.

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