Zoe Robledo presentará contrapropuesta sobre propaganda de gobierno
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de abril, CÍRCULO DIGITAL / AMPRYT.–La Cámara de Diputados no cumplió con los compromisos de construir una Ley de Propaganda Gubernamental que revierta las malas prácticas del uso de la publicidad oficial, como la asignación discrecional de recursos públicos o su utilización para fines proselitistas o electoreros, aseguró el senador Zoé Robledo.
El vicecoordinador político del grupo parlamentario PT-Morena en el Senado de la República señaló que la Cámara de Diputados y sus comisiones encargadas de dictaminar este tema asumieron una posición unilateral al no tomar en cuenta las opiniones de la sociedad civil, ni revertir los vicios que existen en un tema tan complejo como el uso de recursos para la comunicación social.
Por ello, dijo que el Grupo Parlamentario del PT- Morena presentará una propuesta alterna a lo aprobado por la colegisladora, pues se requiere una Ley de Propaganda “que deje de ser un elemento para coartar la libertad de expresión, para comprar líneas editoriales y para comprar la consciencia de periodistas”.
Mencionó que la contrapropuesta de reforma que presentará al Senado incluye opiniones y aportaciones de la sociedad civil para que la publicidad oficial sea un mecanismo de comunicación sustentado en el derecho a la información.
Señaló que el uso de la publicidad oficial debe transparentarse, limitarse y controlarse. Su adecuada regulación puede apostar al pluralismo mediático y al mantenimiento de muchos medios que garanticen la diversidad de contenidos.
Zoé Robledo explicó que en México debe haber una Ley General y completa, con mecanismos de transparencia, pues la ausencia de ésta transforma a la publicidad oficial en una posible herramienta de chantaje que pervierte la relación entre los medios y autoridades federales, estatales, municipales e incluso universidades públicas.
Por un lado, los medios requieren dinero para permanecer y desarrollar su trabajo, y por el otro, los gobiernos utilizan su poder económico para mantener a la prensa dependiente para su propia propaganda y para controlar el contenido de los medios de comunicación sobre bases políticas y partidistas.
Apuntó que la publicidad oficial no debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios, pues el artículo 7° de la Constitución Política señala que la libertad de expresión no se puede restringir de manera directa o indirecta.
El senador por Chiapas indicó que es necesario dar certeza a esta legislación y cumplir con las exigencias que han manifestado diversos sectores involucrados en la materia, como lo son que sea una ley de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, que se sepa cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos públicos destinados a la publicidad oficial para que no sea ejercido de manera discriminatoria o discrecional.
