CIUDAD DE MÉXICO, 23 de abril, (MENSAJE POLÍTICO).–Con un caudal se acusaciones por presunta corrupción, despojos de tierras, abusos, enriquecimiento inexplicable, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ahora hasta violencia familiar, el ex fiscal del Estado de Sonora, Carlos Alberto Navarro Sugich, busca postularse como Secretario de Seguridad Pública de la entidad, para lo cual pretende usar como trampolín a la fundación “Lazos Ciudadanos con la Seguridad A.C., de la cual es fundador.
Para ello, ya hizo intentos para entablar “contactos” con miembros de los equipos de campaña de los candidatos a gobernador de la alianza Va por Sonora, Ernesto Gándara, y de Morena, Alfonso Durazo, quienes se perfilan como los más fuertes competidores de la justa electoral del próximo 6 de junio, donde además se renovarán 33 diputaciones locales y alcaldes en los 72 municipios del Estado.
Del pasado que persigue a Navarro Sugich hay desde recomendaciones de la CNDH, señalamientos y denuncias penales por abuso de autoridad, despojos de predios, detenciones ilegales, amenazas, venta de plazas a policías, enriquecimiento inexplicable, fabricación de delitos, traición como defensor de sus correligionarios del PAN y ex funcionarios de la pasada administración a los que, según testimonios recabados, prácticamente entregó, a cambio de inmunidad en la actual administración de la gobernadora Claudia Pavlovich.
A ello se suma ahora el señalamiento de presunta violencia familiar en contra de quien fuera su esposa, Ana Karla García Contreras, ejercida por parte de Navarro Sugich, quien en la actual contienda electoral movió sus hilos y relaciones políticas para colarse como candidato a ocupar un puesto en el área de seguridad en el equipo que gane la gubernatura del Estado. Sin embargo, sus antecedentes son considerados como un vestigio nefasto de presunta corrupción, ostentosa vida de lujos y bonanza económica inexplicable y reciente.
Informes recabados en el Registro Público de la Propiedad (RPP) dan cuenta que el ex fiscal posee residencias, fincas, extensos terrenos y predios, además de participar en sociedades mercantiles, civiles y profesionales, que en conjunto suman cantidades millonarias y que, en palabras del ex director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría de Sonora, José Ángel Calderón Piñeiro, no podría justificar en modo alguno con los ingresos que obtuvo como servidor público y ahora como abogado, en lo cual coincide el ex vocero del gobierno estatal, Jorge Morales Borbón.
Absuelto en todas las instancias judiciales del cargo de extorsión que le fue fabricado por Navarro Sugich, caso por el cual la CEDHS emitió la recomendación 645/2015 en su favor y la de sus coacusados, Calderón Piñeiro revela que el ex fiscal Navarro Sugich le tendendió una “trampa” cuando investigaba denuncias en contra de éste y varios de sus operadores por una serie de denuncias por corrupción y despojos de terrenos en los que se utilizó a policías al servicio de la entonces Procuraduría General de Justicia de Sonora.
Calderón Piñeiro denunció que la forma en que operaba el ex fiscal Navarro Sugich y su protegido El Chanate Noriega, consistía en ubicar terrenos en zonas de alta plusvalía en la entidad y de los cuales fabricaban documentos apócrifos, a fin de realizar ilícitamente denuncias de despojo y así reclamar, con el uso de policías armados que proporcionaba el ex fiscal, la propiedad y así arrebatar a través de terceras personas sus predios a los verdaderos dueños.
La detención del ex funcionario de la Contraloría estatal “congeló” la investigación contra Navarro Sugich, mientras que a Calderón Piñeiro y los que participaban en esa indagación se les acusó, detuvo y encarceló, pero finalmente se demostró que los cargos que les formularon fueron fabricados. Por esos hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervino y emitió la recomendación antes citada para protegerlos del acoso que sufrieron de parte de quien fuera fiscal del estado.
Las denuncias por despojos de este tipo fueron “congeladas” por Navarro Sugich cuando estuvo al frente de la Fiscalía estatal durante la administración del ex gobernador Guillermo Padrés. De acuerdo con las denuncias y testimonios recabados, esta fue una de las forma en que se enriqueció el ex funcionario y quien busca de nuevo incorporarse a la administración pública de la entidad en un cargo en el área de seguridad, promocionándose desde su fundación “Lazos Ciudadanos con la Seguridad A.C.
Morales Borbón, quien fuera el vocero del gobierno de Guillermo Padrés, asegura que la ostensible riqueza de Navarro Sugich debe investigarse, pues es evidente que como servidor público jamás hubiera podido amasar la fortuna de la que actualmente goza. Absuelto también del cargo primero por extorsión y luego reclasificado como cohecho, explica que Navarro Sugich prácticamente traicionó como abogado y de hecho entregó a las autoridades a ex funcionarios del gobierno de Guillermo Padrés. “Tardíamente nos dimos cuenta de su juego y pagamos por su culpa con cárcel su indebida conducta e incompetencia”, dice.
A pesar de las denuncias contra el ex fiscal éste nunca fue acusado de cargo alguno y esa inmunidad le permitió mantener su riqueza que incluye, de acuerdo con datos oficiales, la posesión de un terreno de 35 mil metros cuadrados en el Boulevard Colosio, dentro de la colonia La Manga, con valor de 50 millones de pesos, según la escritura pública 17,540; otro terreno con valor de 42 millones de pesos que se ubica en Boulevard Camino del Seri, a 1.5 kilómetros del Boulevard Quiroga, de acuerdo con el registro 518,672; una residencia tasada en 15 millones de pesos dentro del exclusivo fraccionamiento Los Lagos, de acuerdo con la escritura pública 15,562.
Cuenta además con la propiedad de un local comercial donde opera un supermercado y que está situado en la esquina del Boulevard Progreso y Boulevard Quiroga, con valor de 15 millones de pesos, según la escritura 25,068; otro local comercial con valor de 8 millones de pesos que se encuentra en la calle Rosales número 54, casi esquina con Boulevard Colosio, según la escritura pública 17,705; además cuenta con un predio en la calle de Allende 51, donde se encuentra su despacho de abogados valuado en 4 millones de pesos, aunque se considera que su costo es mayor debido a que cuenta supuestamente con un bunker subterráneo.
Adicionalmente, Navarro Sugich detenta la propiedad de un departamento en EU, ubicado en el 14000 N 94th St, unidad 1146, en Scottsdale, Arizona, con valor aproximado a los 290 mil dólares; también participa en la Sociedad Mercantil Grupo Car S.R.L.M. dedicada a la compra, venta y exportación de mercancías; en la sociedad civil Navarro, Corral y Asociados S.C. de prestación de servicios profesionales, donde es socio del notario público Miguel Ángel Corral Ríos.
Además, Navarro Sugich aparece como socio fundador de la asociación civil Lazos Ciudadanos con la Seguridad AC, de acuerdo con la escritura pública 27,772 del Registro Público de la Propiedad. Este es supuestamente el organismo desde el cual promueve volver al servicio público en el ámbito de la seguridad, en el que aparecen como miembros fundadores empresarios y comerciantes.
Protegido aún por una escolta que le facilita la Fiscalía General de Sonora, el ex funcionario cuenta con autos como un BMW, una Suburban, una camioneta Jeep; además cuenta con participación en una sociedad agrícola cuya producción es altamente redituable, conocida como Campo Lucía de Sonora S.A. de C.V. que curiosamente está registrada en la notaria 103 de Guaymas, donde es titular su socio de despacho, el notario Miguel Ángel Corral Ríos.
En la escritura pública, de acuerdo con informes recabados, aparecen como dueños varios prestanombres, pero cuyos propietarios reales son Navarro Sugich y sus socios David Contreras, Joel García y Ricardo Yañez. De hecho, en el juicio de divorcio que actualmente enfrenta con quien fuera su esposa, Ana Karla García Contreras, ésta asegura que el ex fiscal ha puesto a nombre de diversas personas o no ha realizado, los cambios de propietario de diversos bienes inmuebles.
La defensa de la aun esposa de Navarro Sugich, Ana Karla García Contreras, explica en la demanda de divorcio registrada en el expediente 686 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de los Familiar de Hermosillo, que el ocultamiento o desvío de bienes durante el proceso de divorcio podría ocasionar perjuicios, pues de acuerdo a las capitulaciones establecidas dentro del matrimonio, todas las propiedades deben formar parte de los bienes conyugales que deberían liquidarse al 50 por ciento en favor de cada uno de ellos.
García Contreras denunció haber sido objeto de violencia familiar por parte de Navarro Sugich, quien en todo momento le negó la posibilidad de independencia laboral, profesional y económica, al grado de que le impedía hacer las compras de productos básicos para la manutención de ella y de sus hijos, además de señalar ante el juez que el ex funcionario utiliza el chantaje y el yugo económico en su contra, para que acepte sus condiciones en el juicio de divorcio.
