CIUDAD DE MÉXICO, 01 de agosto, (JUAN R. HERNÁNDEZ/CÍRCULO DIGITAL).– Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), que agrupan a ciudadanos afectados por el derrame de Buenavista del Cobre el 6 de agosto de 2014, ganaron un juicio de amparo por la contaminación del agua en dos pozos de la región, y han demandado a tres instituciones de salud —ISSSTESON, IMSS y Secretaría de Salud— por la falta de atención a la población afectada por el derrame.
A través de un comunicado informaron que un fallo dictado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora, relativo al juicio de amparo 834/2015, reconoce que, incluso considerando los datos presentados por el Fideicomiso Río Sonora en su página web, al menos dos pozos —los de Sinoquipe y La Labor— presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos en las Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud, las cuales establecen valores más estrictos que la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994.
Esta sentencia echa por tierra el discurso oficial del gobierno y la empresa Grupo México, causante del derrame, según el cual ya no existe contaminación en el río Sonora, lo que ha favorecido que, incluso, en los últimos dos años se instalen bebederos en las escuelas públicas de nivel básico para proveer agua a los estudiantes, la cual proviene del río Sonora sin ningún tratamiento de purificación previo.
Dado que se han detectado niveles por arriba de los valores máximos de metales permitidos en el agua para consumo humano, los CCRS cuestionan si la desatención de las autoridades estatales y federales ha agravado los problemas de salud de la población derivados de consumir agua contaminada.
Por lo anterior, los CCRS, acompañados por la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), han interpuesto una demanda de amparo contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la Secretaría de Salud (que opera el Programa de Seguro Popular) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no haber respondido a diversas solicitudes de información para conocer el estado de salud de los habitantes de río Sonora, y no haber atendido su salud.
En la demanda presentada los CCRS señalan que, en el escenario de incertidumbre actual generado por la comprobación de contaminación en dos pozos, “se ha vuelto urgente contar con un diagnóstico óptimo sobre nuestro estado de salud, el cual al menos debe consistir en la realización de las pruebas idóneas, adecuadas y necesarias para confirmar si sufrimos o padecemos alguna exposición o intoxicación por metales pesados”.
Hay que recordar que la contaminación de ambos ríos fue considerada como el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, que afectó directamente a 22 mil personas y, de forma indirecta, a otras 250 mil en los siete municipios situados a orillas del río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo.