Ciudad de México, 24 de Julio (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron que para ajustar el financiamiento público a los partidos políticos, es necesario modificar el Artículo 41 de la Constitución que establece la fórmula para otorgarles esas prerrogativas.
Entrevistados por separado, los consejeros Marco Antonio Baños y Benito Nacif indicaron que existen los procedimientos legales para que los partidos políticos renuncien de manera parcial o total al financiamiento público.
Lo anterior, respecto a lo señalado por el candidato presidencial ganador, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que renunciará a casi mil millones 600 mil pesos que recibirá Morena, de acuerdo con la fórmula que plantea la Constitución que en esencia es con base en la votación obtenida en las elecciones.
El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Benito Nacif, indicó que debe revisarse y hacer una reforma al Artículo 41 de la Constitución.
“En mi opinión hay un amplio margen para la revisión de todo el sistema de finanzas, de campañas y de partidos políticos para disminuir el costo de los partidos políticos al erario, ampliar las libertades de la ciudadanía para contribuir a causas públicas, como son los partidos y las campañas, siempre de una forma regulada y transparente”, indicó.
Sobre la declaración de que Morena renunciará a ese financiamiento público, Nacif Hernández informó que se tiene un procedimiento legal que se estableció el año pasado con el fin de que los partidos políticos pudieran apoyar a los damnificados del sismo de septiembre pasado con dinero de las prerrogativas.
Señaló que este procedimiento consiste en que antes de recibir la administración, los partidos políticos manifestarán al INE su deseo de renunciar a las prerrogativas, para que se devolvieran a la Tesorería de la Federación, quien se encargaría de destinarlos a programas sociales o acciones de gobierno que lo requieran.
“Esa misma vía puede recurrirse nuevamente si algún partido político desea renunciar a sus prerrogativas, es una vía legal probada, aceptada, pero lo que no pueden hacer los partidos políticos es destinar las prerrogativas o aportaciones privadas que reciben a fines distintos a los establecidos en la Constitución, que son los fines que persiguen los partidos políticos”, explicó.
En tanto, el consejero Marco Antonio Baños consideró que el propósito de que Morena renuncie a estos recursos de financiamiento es un propósito sano y adecuado, y si lo concretan el INE brindará el apoyo necesario para que ese dinero se devuelva al erario.
Señaló que el modelo del financiamiento público tiene que ser modificado, pues comentó que la reforma electoral de 2013 homogenizó la fórmula de cálculo de financiamiento a nivel de todos los estados con la fórmula federal.
Dicha fórmula se calcula con .65 de lo que es la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por el número de las personas empadronadas en cada entidad, y de ahí se aplica la fórmula del porcentaje que le toca a cada partido.
“Eso lo único que hizo fue multiplicar de una manera irracional el monto del financiamiento que tienen en los estados”, indicó al agregar que vale la pena que se revise la legislación para que los partidos tengan los montos de financiamiento que necesitan para sus actividades, pero que no resulten excesivos contra el erario.
“Sostengo mi postura, existen elementos técnicos que avalan la posibilidad de que se haga esa disminución al financiamiento y celebro que el partido Morena esté planteando la posibilidad de no ejercer su financiamiento público y utilizarlo en otro tipo de actividades para el país”, indicó.
También comentó que actualmente la bolsa de recursos para las prerrogativas para los nueve partidos políticos es de unos cuatro mil 500 pesos y estos se distribuyen como ya se mencionó de acuerdo con la votación, principalmente, y que la bolsa para los 32 estados es similar a esa cantidad.
Aclaró que el financiamiento que propone no es que se quite a los estados, sino hacerlo racional y más adecuado acorde a las economías “castigadas y a las demandas de obra pública y de cuestiones sociales que tienen que atender en toda la República y a nivel nacional”, concluyó.
