CIUDAD DE MÉXICO, 18 de septiembre, (CÍRCULO DIGITAL).–El diputado Alejandro González Murillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES), presentó una iniciativa para reformar el artículo 16 constitucional, con el objetivo de garantizar a toda persona el derecho a la presunción de inocencia, el cual ha sido soslayado y en el peor de los casos despreciado en tiempos recientes, con la turbulencia política.
El legislador hidalguense aseguró que “en Encuentro Social llamamos a la reconciliación nacional y legislamos para construir un México en que sea una vivencia cotidiana, el reconocimiento a los más elementales principios del debido proceso como la presunción de inocencia, la carga de la prueba y el derecho al honor, la reputación y el buen nombre, así como no ser molestado sino mediante procedimientos y previa emisión de ordenes jurisdiccionales apegados a derecho”.
Lo anterior se debe, explicó el diputado, a que actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en su artículo 20, apartado B, al establecer, como el primero de los derechos de toda persona imputada, aquel a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
También el Código Nacional de Procedimientos Penales, añadió, prevé dentro de su título segundo, Principios y Derechos de Procedimiento, el principio de presunción de inocencia, que a la letra dice:
“Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código”.
De tales preceptos se desprende que, el principio de presunción de inocencia, es un derecho que le asiste a la persona imputada, es decir, a quien ha sido señalado como responsable de la comisión de un delito. Sin embargo, Alejandro González señaló que este principio debe beneficiar a todos los ciudadanos por igual.
“Creemos que resulta pertinente plantear una reforma al artículo 16 Constitucional, con la finalidad que, tan alto principio, sea reconocido en nuestra Carta Magna para ser aplicable, no solo a favor de la persona imputada, en el ámbito jurisdiccional-penal, sino, por mayoría de razón, a toda persona, tanto en el ámbito jurisdiccional y/o administrativo, así como fuera de ellos”, concluyó.
