En un comunicado, afirmó que el dictamen de reforma constitucional que da pie a la Guardia Nacional, enviado al Senado de la República tras su aprobación en la Cámara de Diputados, “va en contra del propio proceso de desmilitarización que se busca a nivel mundial”.
La legisladora consideró que la creación de esta nueva corporación conlleva el riesgo de violación de derechos humanos, “ya que la Guardia Nacional tiene una operación totalmente militarizada”.
“Al hacerse cargo de la seguridad se está brindando al Ejército una función constitucional que será permanente, violando tratados internacionales”, señaló.
“Hoy, al parecer, el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) quiere homologar a México con países como Siria, Nicaragua, Arabia Saudita Vietnam y Corea del Norte”, agregó.
García Rojas reprochó la forma de procesar el dictamen de reforma constitucional en la Cámara de Diputados, ayer miércoles.
“Dos minutos antes de iniciar la sesión extraordinaria, se generó un documento anexo de cambios de última hora y modificó el dictamen que fuera presentado en el mes diciembre sin que se conocieran y discutieran previamente los cambios realizados”, refirió.
Por ese sólo hecho, dijo, el dictamen debió ser regresado a comisiones para su revisión, lo que no ocurrió porque había línea presidencial de aprobar el documento como fuera.
García Rojas dijo que “no se puede aprobar algo que se desconoce y que podría representar una controversia constitucional, pues la seguridad nacional, interior y pública son esferas totalmente diferentes”.
“Además, los cambios no atienden las recomendaciones de la ONU ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, abundó.
Observó que el dictamen faculta al presidente a disponer de la Guardia Nacional sin establecerle límites, ni controles, por parte del Legislativo, a fin de evitar la militarización del país.
“Con esta acción, queda de manifiesto que el Congreso se convierte en una oficialía de partes del presidente López Obrador, por ello, el Partido Acción Nacional analiza presentar una controversia constitucional ante organismos internacionales”, finalizó.
