TRAS LA PUERTA DEL PODER

Roberto Vizcaíno

Arturo Herrera, secretario de Hacienda de la 4T desquitó ayer su poco sueldo ante una oleada de inconformidades senatorial en la que, hasta los de Morena, lo colocaron contra el paredón al exigirle meterle la mano de la reorientación y readecuación en favor de causas sociales y el desarrollo regional al paquete presupuestal, hoy a debate en la Cámara de Diputados.

Una intervención sin desperdicio ante el funcionario, que comparecía por la Glosa del segundo Informe de AMLO, fue la de la prestigiada y respetada senadora Ifigenia Martínez, reconocida por la formación desde su cátedra en la Facultad de Economía de la UNAM a generaciones dentro de la economía social, quien le reclamó que el paquete presupuestal no contenga proyectos reales de desarrollo para el sureste.

Doña Ifigenia, quien junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo rompieron junto a otros cientos de destacados priístas a fines de los 80 con el partido hegemónico, e impulsaron un cambio que hizo hoy posible le llegada de López Obrador a la Presidencia consideró como pura demagógica hablar de homologar el desarrollo del sur-sureste con el del norte del país, si no existe ningún proyecto para llevar ductos de gas a Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

 Sin ductos de gas no habrá producción de energía eléctrica suficiente para crear corredores industriales en esa región, le dijo a Herrera y sin esos corredores no habrá desarrollo ni bienestar para los millones de habitantes del sur-sureste, indicó.

Alabó la construcción del Tren Maya, pero eso no producirá el desarrollo que requiere esa región, indicó.

Mientras no haya gas suficiente no habrá una baja real de tarifar eléctricas cuyos altos costos afectan hoy a todos quienes habitan esos estados, dijo.

A su vez los senadores del PT, aliados a la 4T, exigieron no sólo impulsar la absorción de los 109 fideicomisos hoy en proceso de desaparición en San Lázaro, sin que exista una claridad de cómo se hará llegar esos recursos a quienes se les van a quitar con esa reforma.

Y el senador de Morena, Alejandro Armenta, presidente de la Ciomisión  de Hacienda de la cámara alta, le pidió al funcionario ir a una revisión de las concesiones de agua y litio, a empresas chinas, inglesas y a canadienses.

“Necesitamos terminar con el saqueo y aprovechar los recursos naturales”, demandó.

A su vez por el llamado bloque opositor, el senador panista Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía indicó que las políticas económicas del régimen han creado incertidumbre sobre el crecimiento económico prometido porque lo han sometido a fuertes recortes presupuestales y de plazas, así como a la eliminación de programas dentro de una austeridad sin control no límites.

SENADO FORO DE DEBATE

Frente a estos reclamos y exigencias, el secretario de Hacienda Herrera pidió a senadores reconocer que el impacto de la pandemia en las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno, detonó una discusión sobre el pacto fiscal, por lo que el Senado de la República debe ser el espacio natural para albergar este debate.

Consideró que el análisis sobre cuál debería ser la arquitectura del federalismo fiscal en México, tiene que darse en este órgano legislativo, pues es el responsable de representar a las entidades federativas.

La emergencia sanitaria ha exhibido las debilidades estructurales que permanecen en el actual esquema federalista, dijo, y en temas sobre los que no se ha reflexionado profundamente y que están relacionados con los retos que en el largo plazo se enfrentaran en materia de salud.

Consideró que se deben discutir las alternativas para reducir la dependencia de los ingresos petroleros e identificar las fuentes permanentes de ingresos, así como la forma más justa de distribución entre los estados.

El pacto fiscal inició con tan sólo dos fondos participables en 1980, recordó, y hoy se cuenta con más de 15, dijo, vinculados a participaciones federales e incentivos económicos, siendo la fuente más importante de ingresos de libre disposición para los gobiernos subnacionales.

Fue así que las participaciones federales y los incentivos económicos, pasaron de representar el 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 1980, a 3.8 por ciento en 2019, precisó..

En esta coyuntura, comentó, se han hecho grandes esfuerzos por parte del gobierno federal para asegurar que el impacto del Covid-19 en las finanzas estatales sea el menor posible.

Al día de hoy, agregó, se han transferido 47 mil millones de pesos y mañana entrarán a las arcas subnacionales 7 mil 800 millones adicionales del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Los problemas de liquidez  en los estados, dijo, se ha enfrentado a partir de julio, con la aplicación del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de hacer aportaciones de manera mensual al 100 por ciento.

Con estas medidas, indicó, se cubrirán prácticamente la totalidad de las participaciones federales, y se asegura que no podrá haber un problema de liquidez, precisó.

Desde este año, agregó, se transfirió a los estados el 100 por ciento del Impuesto Sobre la Renta por la enajenación de bienes inmuebles, a fin de establecer los incentivos económicos adecuados en materia de recaudación y control de riesgos.

De igual manera, subrayó, en el proyecto del Presupuesto de Egresos para 2021 se propone que casi 30 por ciento de todo el gasto vaya dirigido a estados y municipios, es decir un monto equivalente a 1.8 billones de pesos, lo que representa más del 50 por ciento de la recaudación federal participable.

Herrera aseguró que ello evidencia un esfuerzo sustancial orientado a fortalecer el nivel de transferencias a las entidades y municipios.

Reconoció que el contexto actual no es propicio para el incremento de impuestos o para elevar sus tasas, pero sí representa una gran oportunidad para reflexionar con responsabilidad sobre los temas centrales del federalismo, a fin de avanzar hacia una sociedad más equitativa y con mejores desigualdades entre los hogares y las regiones del país, puntualizó.

Y dijo que aunque no lo parezca, las medidas del régimen de la 4T para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia, se han orientado al fortalecimiento de la red de protección social y a dinamizar los mercados financieros, al tiempo que se otorga liquidez a las familias mexicanas y a las empresas.

Subrayó que el gasto destinado a la atención de la pandemia y sus consecuencias es una prioridad para el gobierno de México, por lo que no se han escatimado recursos y se han orientado al sector salud recursos por 50 mil millones de pesos.

Y subrayó que en condiciones difíciles, como las actuales, la recaudación ha permitido que el Estado cuente con recursos suficientes para atender los temas más urgentes.

Previó que durante 2021, la atención de la pandemia continuará condicionando la respuesta de la política económica “en un marco de estabilidad macroeconómica y el majeo de las finanzas públicas que no comprometerá su sostenibilidad a largo plazo”.

De la misma manera, opinó que la reactivación económica iniciada en la segunda mitad de este año tomará ímpetu en el 2021, conforme la contención de la pandemia permita la remoción paulatina de las medidas de confinamiento.

En este contexto informó a los senadores que este viernes se formalizarán los primeros contratos para la adquisición de la vacuna contra el Covid-19.

“Haremos el primer adelanto para la compra de los primeros lotes que deberán estar a disposición de nuestro país en el primer trimestre del próximo año; lo que establece los primeros pasos de la ruta de salida, tanto de la crisis sanitaria como de la económica”.

Consideró que el nuevo acuerdo empresarios-capitales y Gobierno realizado el lunes en Palacio Nacional para impulsar proyectos de infraestructura por casi 300 mil millones de pesos permitirá detonar la inversión en el país.

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