CIUDAD DE MÉXICO, 08 de noviembre, (FRANCISCO MONTAÑO).—El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar se comprometió a garantizar el actuar con forme a derecho de jueces y magistrados denunciados por diversas irregularidades.
“Tenemos varios casos en que ya habido suspensiones, en que ya habido destituciones y estamos en investigación y esperamos en los próximos meses tener ya resuelto también ese problema” informó el Ministro presidente de la Corte al aclarar que se habla en particular de Jueves y Magistrados.
Tras participar en la inauguración de la XIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C ., con verificativo en la Ciudad de Queretaro, el presidente del Máximo Órgano de Justicia en el país, reconoció que la sociedad se encuentra insatisfecha con el trabajo que se hace en los Tribunales.
Advirtió que si los jueces no tiene legitimidad social, no tendrán sustento para dictar sentencias antipopulares o contra mayoritaria.
Las declaraciones del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar se dan después de que saliera a la luz pública una queja más y denuncias penales interpuestas por Francisco Beltrán García, abogado de Rubén Oseguera González, “El Menchito”, contra diversas autoridades encargadas de la procuración y administración de la justicia.
El pasado 28 de octubre el litigante acudió a la sede de la FGR donde acusó “terrorismo judicial” y la presunta intromisión de agentes de la DEA, que operan en México, en el proceso de extradición contra su cliente.
Explicó que desde hace aproximadamente cinco años a Rúben, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, señalado como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, se le ha atribuido, “una serie de acontecimientos ilícitos, sin sustento jurídico alguno; lo cual quedó demostrado, al haber sido absuelto de todos y cada uno de los delitos imputados, algunos desde la decisión judicial en la propia causa, y otros a través de recursos en segunda instancia o incluso en el amparo”.
A pesar de ello, indicó que su defendido ha sido considerado por el gobierno de México como presunto líder de una empresa criminal, “nos enfrentamos a la corrupcióny al terrorismo judicial”, acusó el litigante a quien le fueron congeladas sus cuentas bancarias.
Destacó que el pasado 5 septiembre, en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, durante la sesión en la que se resolvió el recurso de revisión 363/2019, estuvo presente un agente que se ostenta como representante de la DEA, de nombre Kyle J. Morí, quien estuvo “litigando” el asunto de manera extrajudicial, para efecto de que las autoridades nacionales, operaran a favor de sus intereses.
“Toda vez de que el extranjero les manifestó a los Magistrados del segundo Tribunal Colegiado que por orden presidencial deberían negar la protección de la justicia federal por así convenir a ambos países, lo cual fue avalado por el Consejero de la Judicatura Federal, Alejandro Sergio González Bernabé; quien también estuvo en la diligencia”, denunció Beltrán García.
Ante tal situación; que se suma -dijo- a una serie de violaciones al debido proceso, corrupción y violación a derechos humanos, el abogado informó que se interpusieron las quejas y denuncias correspondientes en FGR, Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Cancillería Mexicana, Gobernación y en la propia Embajada de los Estados Unidos en México en las que se deja en claro la intromisión ilegal de agentes de la DEA en las resoluciones del poder judicial mexicano.
“Quien aquí suscribe, no resulta ajeno a dichos embates, pues incluso, se ordenó el congelamiento de mis cuentas bancarias, que no ascienden a mayor patrimonio, como se especula por las responsables, pues consideró es la justa medida de los veinticinco años de trayectoria jurídica, la que da sustento a la existencia de ese numerario”, dijo el litigante al hacer un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a no permitir consignas de autoridades estadounidenses involucradas en actos de tráfico de influencias, corrupción y violación de derechos humanos para avalar la extradición ilegal de Rubén Oseguera González.
