Ciudad de México, 12 de Noviembre (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta ahora se han agotado todas las acciones para que mexicano Roberto Moreno Ramos, acusado de triple homicidio en el estado de Texas, sea perdonado de la pena capital, ya que se le ha fijado fecha de ejecución para el miércoles 14 de noviembre.
El director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, Jacob Prado González, abundó que la cancillería continuará realizando todos los procesos legales disponibles, así como los políticos y diplomáticos que se puedan realizar para salvar su vida.
El también encargado del despacho de la subsecretaria para América del Norte, precisó que México considera la pena capital como una sanción cruel e inhumana, dado lo irreparable de sus efectos, la imposibilidad de ser graduada y que atenta contra la vida de un ser humano.
Ante ello, precisó que “el gobierno de México ha reiterado tanto a nivel nacional como internacional y en muchísimos foros su voluntad de seguir colaborando con el propósito de promover acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y su eventual abolición”.
Agregó que el gobierno de mexicano no pretende condonar los delitos atribuidos a sus nacionales y es respetuoso de los sistemas judiciales de los países donde están llevándose a cabo los mismos, “simplemente por principio defendemos el derecho a la vida”.
En conferencia de prensa, precisó que Moreno Ramos es uno de los 54 mexicanos que se encuentran sentenciados a pena capital, y que desde que se restauró la pena de muerte en Estados Unidos, Roberto podría ser el noveno ejecutado.
Refirió que a Roberto se le juzgó por la muerte de tres personas, entre ellas su esposa y sus dos hijos, y al momento de la detención no fue notificado de sus derechos al ser extranjero, por lo que se alegaba que se había incurrido en una falla al no haber recibido asistencia consular.
Debido a esa circunstancia particular, el caso de Ramos Moreno forma parte de uno de los 51 casos que fueron llevados en 2003 por parte del gobierno de México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Ahí se demandó al gobierno de Estados Unidos para que respetara el derecho de notificación consular y permitiera que los mexicanos que enfrentaban procesos de pena de muerte tuvieran la posibilidad de que su caso fuera revisado o reconsiderado, informó el consultor Jurídico de la cancillería, Alejandro Alday González.
Añadió que Estados Unidos no ha dado cumplimiento cabal al Fallo Avena, ya que cinco de esos 51 mexicanos que contaban con protección a través de esta decisión de la CIJ han sido ejecutados en el estado de Texas, mientras que solo Osvaldo Torres recibió una conmutación de la pena en el estado de Oklahoma.
A pesar de la protección, cinco mexicanos han sido ejecutados a pesar de estar protegidos por el Fallo Avena entre otras medidas de organismos internacionales, tal es el caso de José Ernesto Medellín en el 2008; Humberto Leal García en 2011; Edgar Tamayo Arias y Ramiro Hernández en 2014; y Rubén Cárdenas Ramírez en 2017.
