Ciudad de México 07 Agosto (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió hoy al Estado mexicano investigar de manera independiente y exhaustiva la desaparición forzada del estudiante universitario Christian Téllez Padilla, ocurrida en octubre de 2010 en Poza Rica, Veracruz.
El Comité, encargado de supervisar la adhesión de los Estados partes al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicó este miércoles un dictamen sobre su investigación sobre la desaparición de Téllez, ante una denuncia de familiares de la víctima realizada en noviembre de 2015.
“México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de una desaparición forzada en Veracruz en 2010”, subrayó el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un dictamen publicado en Ginebra.
Téllez, un estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad del Golfo de México, desapareció el 20 de octubre de 2010 cuando conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica, en el sureño estado de Veracruz, rumbo a un taller mecánico.
Su compañera, Aidée Galindres, quien lo seguía en su camioneta señaló que aproximadamente a las 15:30 horas (20:30 GMT) elementos de la Policía Intermunicipal de Poza Rica interceptaron a Téllez, lo bajaron de su auto y subieron a una de sus patrullas, a punta de pistola.
“Las patrullas se fueron y uno de los policías se llevó el automóvil del Sr. Téllez Padilla. Su compañera intentó seguirlos, pero cuando las patrullas se pararon para preguntarle lo que buscaba, llegaron dos policías en motocicletas que se colocaron frente a ella, impidiéndole el paso”, explicó el dictamen publicado en línea.
“(Galindres) identificó a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus supervisores jerárquicos, “los cuales fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado ‘Los Zetas’”,
Como las autoridades mexicanas hicieron muy poco en términos de investigación, la familia llevó el caso al Comité de la ONU, que tiene el mandato de examinar violaciones de derechos humanos en países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con su Protocolo Facultativo, ratificados por México en 1981 y 2002, de manera respectiva.
El Comité de Derechos Humanos señaló que la investigación de un caso de desaparición forzada no puede basarse en la confesión de los posibles responsables o autoridades involucradas y añadió que los centros de detención clandestinos son, per se, una violación de los derechos a la libertad personal.
También denunció que no se practicaron diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes, además de que las investigaciones no fueron independientes e imparciales y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables.
“Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos, que dio a México 180 días para informarle sobre las medidas que tome para implementar el dictamen.
