• El PRI exige que se cumpla a cabalidad la Ley sin importar a quién beneficien las sentencias de los Juzgados y Tribunales Federales
• El Poder Judicial del Estado está para impartir justicia, no para ejercerla con discrecionalidad y afinidades políticas, afirma.
CIUDAD DE MÉXICO, 08 de septiembre, (GUILLERMO JUÁREZ / CDMX MAGACÍN).—El caso del incumplimiento de un amparo definitivo por parte del Congreso del Estado de Veracruz ya trascendió la esfera local y pasó a la discusión nacional.
Sin embargo, en entrevista con CDMX MAGACÍN, el diputado federal del PRI por Veracruz, Héctor Yunes Landa, apela a que las autoridades locales habrán de cumplir con las disposiciones legales y las resoluciones de los jueces y tribunales federales, sin necesidad de que tenga que intervenir –por ahora–, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Deja en claro que la postura de los diputados del PRI es de que se cumpla a cabalidad la Ley, independientemente de a quién beneficien o perjudiquen los fallos judiciales, y también sin considerar cuál haya sido el sentido de sus votaciones sobre este caso, en la Legislatura veracruzana.
Yunes Landa habla del tema de la reinstalación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, quienes obtuvieron amparos de la justicia federal en sentencias definitivas, para evitar la remoción de sus cargos, aprobada por el Congreso veracruzano.
Explica que el pasado 2 de septiembre, el Congreso del Estado fue advertido de que debe acatar la sentencia de amparo que le obliga a reinstalar al magistrado Lezama Moo, mientras que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, ha sido requerida desde el 13 de agosto para que reinstale al magistrado Roberto Dorantes Romero.
A continuación, extractos de la entrevista con Yunes Landa:
—¿Cuál es el estatus actual en el caso de los magistrados Roberto Dorantes y Marco Antonio Lezama?
—El martes 2 de septiembre, a través de la correspondencia, la Comisión Permanente de la Legislatura fue notificada del amparo 1136/2020 que remitió el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el que piden ‘rectifique sus errores’ y reinstale al magistrado Marco Antonio Lezama Moo como integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Sigue: “Los oficios 9647 y 9648 –enviados desde el 24 de julio– buscan que se haga efectiva la protección de ley al magistrado despedido del cargo desde el año pasado, por cumplir con el requisito de edad para ello (70 años) Además, fue sustituido del cargo a pesar de que faltan 5 años del nombramiento que se le dio. En el asunto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su atención procedente.
“El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, anunció desde el mes pasado que presentarían un recurso de amparo, lo que ya hicieron y se le dio entrada a tal recurso el pasado martes. También amagó con que los quejosos no serían reinstalados hasta agotar la última instancia”, explica Yunes Landa respecto del magistrado Lezama Moo.
“En el caso del magistrado Roberto Dorantes Romero, el pasado 13 de agosto un juez federal requirió a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta, para que, en un término de tres días acate la sentencia que obliga a reincorporar al magistrado, a fin de que concluya su periodo de nombramiento de 10 años. El acuerdo publicado ese día plantea que si el Poder Judicial y su presidenta están impedidos para reinstalarlo, es necesario que se notifique al juzgado federal para tomar las medidas legales pertinentes. Hasta ahora no ha sido reinstalado.”
“El Juzgado Décimo Octavo de Distrito pidió al Congreso ‘rectifique sus errores’ y reinstale al magistrado Marco Antonio Lezama Moo”.
La obra de MORENA
—¿Qué tipo de participación ha tenido el Partido MORENA en este asunto? ¿Quiénes serían los responsables de este incumplimiento de la legalidad en Veracruz?
—La participación del Partido MORENA ha sido por conducto de autoridades emanadas de éste, entre ellas por supuesto el Gobernador del Estado, quien propuso magistrados sabiendo que había amparos concedidos y que las plazas no estaban vacantes.
“Otra participación de autoridades morenistas en este conflicto es de los diputados presidentes, tanto de la Mesa Directiva (Rubén Ríos Uribe) como de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ambos del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso Local, a quienes les correspondió procesar la elección de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia para ocupar vacantes que no existían.”
“Un tercer orden de responsabilidades podrían ser atribuidas a la Presidenta del Tribunal de Justicia, cuya afinidad al partido MORENA es de sobra asumida. En este sentido, las autoridades emanadas de Morena han tenido una actuación irregular, desconociendo el derecho y lastimando la autonomía de uno de los tres poderes del Estado”, enfatiza Yunes Landa.
“Un tercer orden de responsabilidades podrían ser atribuidas a la Presidenta del Tribunal de Justicia, cuya afinidad al partido MORENA es de sobra asumida.”
Remoción del cargo, la sanción
—¿Qué tipo de sanciones se van aplicar contra quienes resulten responsables?
—Eso lo tendrá que determinar la justicia federal, a partir de los posibles actos imputables a los diputados, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia e incluso al Gobernador, si fuera el caso. La remoción del cargo por desacato es una medida muy probable en caso de que éste se consuma.
“Tenemos el ejemplo del Congreso de Nuevo León, donde el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la entidad declaró fundado un incidente de inejecución de sentencia y propuso por unanimidad a la Corte la destitución de sus integrantes, por incumplir, hasta en ocho ocasiones, la ratificación del magistrado del Tribunal Superior del Justicia.”
—¿Ante la naturaleza del caso, cual es el exhorto a la Suprema Corte de Justicia y al ministro presidente Arturo Zaldívar?
—Me parece que, hasta este momento, no hay lugar para hacer un exhorto ni a la Suprema Corte, ni a su Presidente. Confío en que, de ser requerida su intervención, la SCJN cumplirá su papel de garante de la constitucionalidad. Hasta este momento, por un lado los jueces federales ya resolvieron los amparos y notificaron sus resoluciones, tanto al Poder Legislativo, como al Judicial de Veracruz. Y, por otro lado, los titulares de estos poderes se encuentran agotando todas las opciones legales para evitar reinstalar en sus cargos de magistrados a los quejosos.
“Ambas partes están actuando conforme consideran que corresponde a su derecho. La Suprema Corte solo podrá intervenir cuando todos estos recursos se hayan agotado.”
“Me parece que, hasta este momento, no hay lugar para hacer un exhorto ni a la Suprema Corte, ni a su Presidente.”
Se sentará un precedente
—¿Ya se han pronunciado los magistrados sobre el tema?
—Los magistrados que fueron beneficiados por la justicia federal han mantenido su postura de reclamar la irretroactividad de una ley que les obliga a dejar su encargo al cumplir los 70 años. La Presidenta del Tribunal de Justicia se encuentra agotando todas las instancias jurídicas para evitar las reinstalaciones ordenadas por los jueces federales.
“Pero sin duda, lo que se establezca en una sentencia definitiva sentará un precedente para otros magistrados que se encuentran en el mismo supuesto; es decir, que fueron nombrados antes de la reforma de la ley y que cumplirán los 70 años antes de que se agote el periodo para el que fueron designados.”
—¿Está descartado que los magistrados hayan pedido su retiro antes de que alguna reforma de Ley?
—La lógica me hace pensar que sí. De haber pedido su retiro antes de la reforma que impuso el término de los 70 años como la edad máxima para el desempeño del cargo de magistrado, evidentemente no tendrían la razón jurídica para impugnar un acto que resultó de su propia petición de retiro. En mi opinión, si recurrieron al amparo de la justicia federal es precisamente porque decidieron no retirarse y cumplir el periodo para el que fueron designados.
“La Presidenta del Tribunal de Justicia se encuentra agotando todas las instancias jurídicas para evitar las reinstalaciones ordenadas por los jueces federales.”
El PRI, con la legalidad: Yunes
—¿La postura del PRI ante los hechos, cuál es?
—Que se respete la ley por parte de todos los involucrados. El que los diputados del PRI hayan votado a favor de la designación de los nuevos magistrados no significa que su posición sea de que los magistrados que ocupaban las supuestas vacantes dejen de ser reinstalados una vez que el poder judicial de la Federación ya resolvió favorablemente sus demandas de amparo.
“Pero para el PRI lo más importante es que se restablezca el Estado de derecho en Veracruz. No es posible que mientras los juzgados permanecen cerrados, cientos de procesos de todo tipo están detenidos y se carece de un sistema eficaz de justicia en línea, los tres poderes del Estado estén enfrascados en una disputa de constitucionalidad sobre la permanencia de los magistrados.”
Y puntualiza: “El Poder Judicial del Estado está para impartir justicia, no para ejercerla con discrecionalidad y afinidades políticas.”
