Ello, a pesar de que los pueblos indígenas -15.7 millones de personas de las cuales 6.6 millones hablan una lengua originaria-, cuentan con uno de los mecanismos jurídicos más eficaces contra los fenómenos de discriminación y violencia.
Dijo que algunos de los hechos violatorios de derechos humanos de personas y comunidades indígenas más frecuentes en el periodo 2015 a julio de 2018, incluyendo a personas jornaleras indígenas, son: faltar a la legalidad, honradez y lealtad, entre otros.
Además, la imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; y acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas indígenas, informó la CNDH en un comunicado.
La comisión expresó su convicción de impulsar aún más la cultura de respeto y observancia de los derechos fundamentales para prevenir la discriminación y violaciones a las garantías de los pueblos indígenas, lo que es parte de la estrategia para que transiten de una situación de vulnerabilidad a una en que sean sujetos plenos de derecho.
Recordó que en el periodo de referencia se emitieron una conciliación, 17 recomendaciones específicas y dos generales (27/2016 y 31/2017), que versaron sobre el derecho a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas, e inadecuada atención médica.
También, por violación al derecho a la protección de la salud y la vida, acceso a la información en materia de salud, consentimiento informado en servicios de anticoncepción, libertad y autonomía reproductiva y violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, así como discriminación a personas indígenas y privación ilegal de la libertad, e impedimento al derecho a la educación.
En el mismo periodo, los derechos más vulnerados son: a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la protección de la salud, de petición, a la igualdad, a la libertad y a la legalidad.
De acuerdo con los expedientes de queja con que cuenta el organismo, subsisten obstáculos como la persistencia de prácticas discriminatorias, racistas e intolerantes contra integrantes de pueblos y comunidades indígenas.
Además, violencia de género contra niñas, niños y adolescentes indígenas, feminicidios contra mujeres indígenas y resistencia social y comunitaria a la participación política de las mujeres indígenas.
