Ciudad de México, 15 de Noviembre (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de anular la Ley de Seguridad Interior fortalece al Estado de derecho en el país y la democracia constitucional, afirmó el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas.
«Los siete comisionados impulsamos esta acción de inconstitucionalidad y hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dado la razón. Con ello creemos que el Estado mexicano, el Estado de derecho y la democracia constitucional se tonifica y se fortalece», subrayó.
El pleno del Inai, por unanimidad, aprobó el acuerdo mediante el cual determinó impugnar los artículos nueve y 31 de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, por considerar que vulneraban el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, previstos en la Constitución.
«El Inai manifestó a la Suprema Corte de Justicia la preocupación específica por algunas de las potestades que esta Ley de Seguridad Interior daba a las autoridades policiacas y de estos ámbitos que tienen que ver con seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior para poder recabar información de particulares, es decir datos personales sin controles precisos», detalló.
Apuntó que en el tema del acceso a la información el señalamiento del Inai se enfocó en que la seguridad interior sería considerada como de seguridad nacional, generando una excepción indebida al acceso de la información.
«Al Inai le preocupaba de esta legislación que pudiera generarse un movimiento expansivo para reservar de manera amplia, y sin los cumplimientos que están establecidos en la Ley General de Transparencia, sobre la información pública que tuviera cualquier contacto o relación con esta materia de seguridad interior», precisó.
El comisionado presidente consideró necesario que se tendrá que emitir una nueva ley en la materia, ante el contexto de inseguridad que vive México. «Esperamos que venga una buena ley para resolver esos problemas, pero dejando a salvo siempre los derechos fundamentales de la población», concluyó.
