Ciudad de México, 25 Marzo (JUAN R. HERNÁNDEZ/ CÍRCULO DIGITAL).- La Diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), exigió al Gobierno Federal presentar los estudios y documentos que demuestren la viabilidad del Tren Maya, pues de acuerdo a la experiencia internacional podría encarecerse al menos en 45 por ciento y, según organizaciones civiles nacionales, podría multiplicarse hasta por 10 veces el costo máximo estimado inicialmente.
Recordó que, de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la construcción de esta obra sería de entre seis mil millones y ocho mil millones de dólares (entre 120 y 160 mil millones de pesos si se considerase un tipo de cambio de 20 pesos por dólar), pero la cifra podría ser mucho mayor si se consideran los desafíos económicos, sociales y ambientales que debe superar.
La integrante de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados expresó que ante la opacidad que existe en torno al proyecto, varios grupos civiles realizan estudios para determinar el costo real de la obra.
Tal es el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), según el cual el costo de la obra podría aumentar entre cuatro y 10 veces más del máximo estimado por la Administración Federal (ocho mil millones de dólares o 160 mil millones de pesos, a un hipotético tipo de cambio de 20 pesos por dólar).
Esto es, de acuerdo con el IMCO, el costo final del Tren Maya podría estar entre los 640 mil millones de pesos y un billón 600 mil millones de pesos, y no los 160 mil millones de pesos.
La legisladora por el Estado de México refirió que, por su parte, expertos internacionales en proyectos ferroviarios apuestan a que el costo del Tren Maya se elevará al menos 45 por ciento más del máximo estimado por la Administración Federal, esto es, podría encarecerse hasta en 217.5 mil millones de pesos, en lugar de los 160 mil millones previstos por el gobierno de López Obrador.
Ante tal incertidumbre sobre el costo, reiteró que el Ejecutivo Federal debe dar a conocer los estudios sobre viabilidad financiera e impactos social, ambiental y económico del proyecto.
Recordó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ya requirió por segunda ocasión esa información.
“Sin embargo, sólo contamos hasta ahora con una consulta carente de legalidad y validez -una “consulta patito” o “consulta gansito”- y una ceremonia para pedir permiso a la Madre Tierra, pero no los estudios y documentos que nos muestren el impacto ambiental, social, cultural y económico de la obra”, reiteró Reyes Montiel, quien advirtió del riego de acabar en un “elefante blanco”, es decir, una obra inservible para promover el turismo y la economía, como se quisiera.
La Diputada consideró importante que el Gobierno Federal aclare este costo y, por consiguiente, la inversión que del presupuesto se le destinará.
Además, demandó a la Administración Federal defina ya su política en materia de turismo y el papel de este sector en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), ya que es fundamental que México recupere y supere las posiciones que tuvo en 2017 a nivel mundial al colocarse en el sexto lugar en captación de turistas, en el 15 en cuanto a recepción de divisas y en el 40 en gasto por turista.
Lamentó que México cayera de la posición 13 a la 15 en el ranking mundial durante 2018, por lo que exhortó al Gobierno instrumentar una estrategia para promocionar el turismo en el extranjero y así potenciar el aporte de este sector al desarrollo de la economía nacional.
El turismo -destacó- aporta 8.8 por ciento al PIB nacional, y genera cuatro millones de empleos directos y 6 millones de empleos indirectos.
