Ciudad de México, 21 de Octubre (JUAN R. HERNÁNDEZ/CÍRCULO DIGITAL).- La diputada Abelina López Rodríguez (Morena) presentó iniciativa que reforma los artículos 390 del Código Penal Federal, y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer que el delito de extorsión amerite prisión preventiva oficiosa, así como elevar las sanciones para quien lo ejecute.
La legisladora, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, precisó que ese ilícito ocupa el segundo lugar de comisión en el país, sólo por debajo del robo en el transporte público. Incrementar las sanciones de ocho a diez años de prisión y de ciento sesenta a quinientos días de multa, cumpliría el propósito de disuadirlo.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2017 se cometieron 31.10 millones de delitos, de los cuales 7.50 millones, es decir, el 24.16 por ciento, fueron extorsiones y sólo se denunciaron 129 mil.
Agregó que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta mayo de 2017, los casos de extorsión se elevaron en 19 de las 32 entidades federativas.
Los casos más graves se observaron en Veracruz, que de 62 casos en 2016, pasó a 216 en 2017; Baja California Sur, en el mismo periodo, de 42 a 135 casos; en Tabasco de 52 a 124 víctimas; Tamaulipas de 34 a 78, y Zacatecas de 36 a 74 hechos ilícitos.
La diputada López Rodríguez refirió que la forma más común en que se comete extorsión, es por vía telefónica mediante violencia moral; sin embargo, hay otros casos en los que existe agresión física y graves daños a las víctimas.
Estimó que el fracaso en el combate de ese ilícito y su reincidencia se debe, entre otras causas, a la falta de instrumentos legales que permitan actuar a corporaciones policíacas, del Ministerio Público y Jueces de Control.
La extorsión, resaltó, se ha convertido en un fenómeno complejo, debido a la diversidad de los sujetos que cometen esa conducta delictuosa, ya que puede hacerlo una persona de la delincuencia organizada, autoridades de cualquier orden de gobierno, así como los recluidos en centros de readaptación social; por ello, destacó la importancia de robustecer las medidas que eviten esa infracción.
