Demanda CNDH coherencia en la defensa de los derechos de personas desplazadas

Ciudad de México a 17 de Abril (AMPRYT/CÍRCULO DIGITAL).-La ausencia de leyes que reconozcan los derechos de las personas desplazadas o una política dirigida a su protección en México y países centroamericanos, demanda establecer normas a nivel regional para atender a esa población vulnerable y expuesta a constante violación de sus derechos humanos, aseguró el Ombudsperson mexicano, Luis Raúl González Pérez, quien llamó a esas naciones a conformar un frente común para promover la protección y asistencia en su favor como un primer paso para la regulación específica interamericana sobre desplazamiento forzado interno.

Destacó que, ante el incremento exponencial de la migración y el desplazamiento forzado de personas en México y Centroamérica, los gobiernos de estas naciones no han garantizado los derechos humanos de quienes cruzan las fronteras de sus países o están obligados a desplazarse internamente debido a situaciones de violencia y desastres vinculados con fenómenos naturales, por lo que se pronunció por afinar mecanismos de integración e intercambio de información sobre dichos fenómenos y establecer marcos normativos con contenidos comunes.

Al inaugurar el Foro Taller Regional “Desafíos y relaciones frente al desplazamiento interno y la migración en México y Centroamérica”, invitó a los países participantes a suscribir la Declaración de México Sobre Desplazamiento Forzado Interno, del 24 de agosto de 2017, “Articulando los esfuerzos de la Comunidad Internacional y la Sociedad Civil para la atención de las personas desplazadas internamente y la reducción del desplazamiento forzado interno en el Mundo”.

Tras mencionar que la migración no se detendrá por la construcción de obstáculos reales o metafóricos, señaló que las políticas migratorias estadounidenses inciden en las dinámicas de migración, generan nuevas demandas y evidencian otros problemas en los países que forman la ruta para llegar a Estados Unidos, por lo cual en México sin existir una política deliberada de rechazo o xenofobia se advierten casos de discriminación hacia los extranjeros, a quienes se criminaliza. “La xenofobia –enfatizó— es tan nociva y peligrosa como la violencia armada, y solo contribuye a que las personas migrantes se sientan como habitantes no gratos en un país extraño, aumentando las brechas sociales y geográficas ya existentes entre todos nosotros”.

Luego de mencionar que las comunidades migrantes mexicana y centroamericana en Estados Unidos enfrentan zozobra, miedo e incertidumbre ante el racismo, discriminación y xenofobia, demandó coherencia en las políticas migratorias mexicanas para que el trato y respeto que se exigen a la Unión Americana para nuestros connacionales sea el mismo que se brinde a quienes llegan a nuestro territorio; a este respecto, destacó que es difícil de entender que México condene públicamente la movilización de la Guardia Nacional a la frontera sur estadounidense y días después nuestro país movilice a la Gendarmería Nacional para reforzar su frontera sur, emulando una acción que no resolverá el problema migratorio y generará el riesgo potencial de violaciones a los derechos humanos.

El Ombudsperson mexicano enfatizó que el fenómeno migratorio no debe ni puede ser visto como amenaza a la seguridad nacional de los países, y una migración segura solo será posible con enfoque de respeto a los derechos humanos, corresponsabilidad, respeto recíproco a la soberanía nacional y sin amenazas de la fuerza como instrumento de negociación, y reprochó los agravios que padecen los migrantes centroamericanos durante su paso por nuestro país, y llamó la atención especialmente por el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados en contexto de migración internacional.

Refirió que ante la falta de registros adecuados sobre infancia y adolescencia migrantes no acompañadas, se dificulta identificar, ayudar y proteger a esas poblaciones, lo que genera un entorno propicio para que se violen sus derechos humanos y sean víctimas de violencia y abusos.

El Ombudsperson mexicano estuvo acompañado en el presídium por Gustavo Rosario Torres, Secretario de Gobierno del Estado de Tabasco y representante del Gobernador Arturo Núñez; Gustavo D’Angelo, Representante Regional de la Fundación Panamericana para el Desarrollo para México y Centroamérica; Luis Ernesto Vargas Silva, Segundo Vicepresidente y Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo de Ecuador y Secretario General de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano.

Por su parte, Ramiro Rivadeneira se pronunció porque los defensores nacionales de derechos humanos se unan con el sistema interamericano en la materia para dar soluciones efectivas a la migración y desplazamiento forzado, aunque lamentó que no haya protocolos y herramientas para enfrentarlos. Señaló que el asesinato de tres periodistas en la frontera entre Ecuador y Colombia ha generado nuevos desplazamientos de la población por la llegada de las fuerzas armadas. A pesar que Ecuador tiene una ley de movilidad de avanzada, dijo, todavía hacen falta políticas públicas para enfrentar el desplazamiento forzado de personas, y por ello es necesario encontrar soluciones conjuntas.

Gustavo D´Angelo mencionó que en este foro se deben buscar formas de colaboración regional, acuerdos concretos y efectivos entre los representantes de la región para colocar en el centro de atención el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes y desplazadas, con un enfoque que permita a las Instituciones de Derechos Humanos unir acciones en su defensa.

Con la representación del Gobernador de Tabasco, Gustavo Rosario Torres indicó que, ante la problemática migratoria, se comparten experiencias y esfuerzos con el estado de Chiapas y colindantes para alinear políticas y esfuerzos en favor de las personas migrantes. Mencionó, finalmente, que es preocupante la presencia de más personas provenientes de Honduras, debido a los problemas que enfrentan en su país, por lo cual se ha mantenido un diálogo con el Gobierno Federal para atenderlas.