Ciudad de México 15 Mayo (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Autoridades estatales, federales y representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el Estado de México señalaron la necesidad de construir una estructura coordinada entre los diferentes órganos y niveles de gobierno para atender este problema.
En la mesa de trabajo que tuvo lugar en el salón Benito Juárez del Poder Legislativo, organizada por la diputada Karina Labastida Sotelo, diversos colectivos, entre ellos la Red Eslabones por los Derechos Humanos, Feminista Ehécatl, Uniendo Esperanzas, Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos, y la Red de Madres Buscando a sus Hijos, reclamaron la ineficiencia de las fiscalías que enfrentan los familiares de personas desaparecidas.
Propusieron que la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado de México, iniciativa presentada por la legisladora Karina Labastida, incluya la capacitación de los servidores públicos.
Además, la imposición de sanciones para quienes no inicien de manera inmediata las investigaciones o no respeten la ley y el aumento del personal en las instituciones vinculadas a los sistemas nacional y local de búsqueda.
Asimismo, destacaron la importancia de que en los procesos de búsqueda e investigación se tome en cuenta a las familias de las personas desaparecidas, se trabaje en la prevención de estos delitos, se fortalezcan las atribuciones de las autoridades municipales y se establezca su obligación de coordinarse con el resto de las autoridades.
A nombre del Colectivo Feminista Ehécatl, Carmen Zamora propuso que los colectivos y las familias de desparecidos tengan acceso a los registros de las fosas clandestinas y fosas comunes a fin de facilitar los procesos de búsqueda e investigación.
Destacó la necesidad de descentralizar las fiscalías de desaparecidos de las fiscalías regionales y de que existan asesores jurídicos especialmente dedicados a estos casos.
Por su parte, Mónica Orozco, madre de Benjamín Ulises Medina, quien se encuentra desparecido desde 2013, habló de la falta de empatía y compromiso por parte de las autoridades y los Ministerios Públicos respecto al seguimiento de las denuncias y de la pérdida de salud, dinero y credibilidad hacia las autoridades que sufren las familias en el proceso.
Claudia Rojas, quien busca a su hija Daniela Xóchitl Elizarrarás desde hace 13 años, pidió que en la ley se prevea elevar las recompensas en caso de encontrar a los desparecidos, así como de que se establezcan claramente los castigos para quienes cometan este delito.
Diana Gutiérrez, del Colectivo Uniendo Esperanzas, denunció que los investigadores no realizan su tarea e insistió en trabajar conjuntamente en la prevención y en la educación respecto a este tema.
Manuel Ramírez Juárez, coordinador de la Red Eslabones y padre de Mónica Ramírez Alvarado, desparecida en 2004, habló también de la falta de acompañantes jurídicos y de la importancia de que la ley incluya beneficios para quienes colaboren en las investigaciones, así como de otorgar capacitación a las familias de las víctimas para sus procesos de denuncia e investigación.
Entre otras propuestas de los colectivos se encuentran el llevar a cabo una campaña para informar a la población sobre los procesos de denuncia; trabajar en las medidas de no repetición, especialmente en sanciones para las autoridades que se niegan a levantar un acta a tiempo; mejorar los procesos de búsqueda de desparecidos, y fortalecer la integración del Consejo Estatal Ciudadano, involucrando a familiares de víctimas de desaparición.
