Ciudad de México, 11 de Septiembre (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las y los magistrados y jueces no defienden delincuentes, sino la legalidad y el Estado de derecho, afirmó el obudsman nacional Luis Raúl González Pérez.
Al participar en la Mesa de Discusión “Derechos Humanos y Estado de derecho: el papel del juez en el régimen democrático”, dijo que la CNDH y el Poder Judicial son aliados para evitar afectaciones a la dignidad de las personas y restituirles los derechos conculcados.
Expuso además que los sistemas universal y regional de protección y defensa de los derechos humanos son complementarios y nunca sustitutos de los órganos nacionales.
Esa complementariedad, anotó, los enriquece al tener como objetivo común prevenir que se cometan violaciones a la dignidad de las personas, que haya justicia para las víctimas, se les restituyan sus derechos y la correspondiente reparación del daño.
En este contexto, recordó cómo la CNDH también activó el Sistema Regional cuando acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y logró que esta institución solicitara medidas cautelares al gobierno de los Estados Unidos para la protección de niñas y niños en contexto de migración separados de sus familias.
En el evento realizado en el marco del Encuentro de Coordinadores de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación: El Juez y el Estado de Derecho en las Democracias Contemporáneas, puso en relieve que el sistema no jurisdiccional abreva de las sentencias del Poder Judicial.
Precisó que la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución es hoja de ruta de la actividad de la Comisión Nacional. Expresó que para evitar la anomia en sus resoluciones el Poder Judicial debe dar un marco que establezca los parámetros, sobre todo frente a un control difuso de convencionalidad.
El ombudsperson nacional recordó que la CNDH es competente sobre actos y omisiones de carácter administrativo de todos los Poderes, con excepción del Judicial Federal.
El ministro Alberto Pérez Dayán, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que a pesar de que los Derechos Humanos se han desarrollado en ideas democráticas de un Estado de Derecho no todo es progreso ni todo crecimiento supone un desarrollo.
Ello dado que el orden jurídico entrega al juzgador un papel fundamental de gran poder, en que diseña indirectamente políticas públicas y establece criterios esperanzadores donde los retos y las dinámicas gubernamentales pueden no alcanzar los objetivos trazados.
En tanto la sociedad exige y encuentra en el juzgador un refugio para lograr la plenitud de sus derechos, puntualizó.
La ministra Margarita Beatriz Luna Ramos refirió el que papel del juez constitucional es fundamental en un Estado Democrático de Derecho, ya que día a día legitima su labor a través del dictado de sentencias, estudio y actualización permanente.
Además, todos los juzgadores tienen la obligación de respetar los derechos humanos y la responsabilidad de aplicar el marco jurídico nacional e internacional a cada resolución emitida, lo que contribuye a una mejor impartición de justicia.
José de Jesús Orozco, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM e integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, se refirió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su encomienda de defender esos derechos en la región y ser órgano de consulta en la OEA.
Explicó cómo la CIDH atiende casos de violencia doméstica con labor de acompañamiento, y cómo a petición del gobierno del país intervino en el caso Ayotzinapa, sobre el cual, aunque sin carácter vinculatorio, expresó diversos señalamientos.
Opinó que en México los jueces constitucionales tienen la misión de atender con la mayor atención los derechos humanos, y para cumplir con ello deben preferir la aplicación de aquella norma que marque los estándares internacionales que los Estados se han comprometido a respetar.
Sergio García Ramírez, Investigador del IIJ de la UNAM, comentó que en tiempos de grandes cambios y expectativas la misión del juez constitucional es mantener la vigencia rigurosa, estricta y constante del Estado de derecho, porque finalmente es la garantía para todos.
