La presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, también podría incurrir en responsabilidad.
XALAPA, Veracruz, 14 de septiembre, (CARLOS MANUEL PELÁEZ – CORRESPONSAL / CDMX MAGACÍN).—La negativa del Congreso del Estado de Veracruz a cumplir con las sentencias emitidas por jueces federales mediante las cuales se ordenó la reinstalación de los magistrados del Poder Judicial del Estado, Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero podría traer consecuencias legales para los integrantes de la LXV Legislatura local, así lo aseguró el presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Valentín Olmos Alfonso.
Al respecto, explicó que los amparos promovidos por los magistrados para evitar que la reforma a la constitución local realizada en 2017 en la que se establecen los 70 años de edad como límite para desempeñar estos cargos les fuera aplicada de manera retroactiva deben ser respetados ya que de lo contrario se manda un mensaje de que en la entidad no existe certeza jurídica ni respeto a las leyes.
“Los diputados están incurriendo en un desacato pues se les está ordenando que a los magistrados que obtuvieron el amparo se les debe respetar su espacio y lugar, al no existir respeto a esta determinación se está violando la Constitución y se les pueden aplicar sanciones», indicó.
Por lo anterior, el abogado resaltó que los legisladores podrían ser sujetos a sanciones que pueden ir desde una multa económica, hasta la destitución del cargo e incluso la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por haber ignorado de forma deliberada los ordenamientos de la corte referente a los juicios de amparo de los magistrados que fueron sustituidos con el aval del poder legislativo.
De igual manera, Olmos Alfonso señaló que la responsabilidad del Congreso Local, el cual cuenta con mayoría de legisladores de Morena, viene incluso desde el nombramiento de los nuevos magistrados pues realizaron la votación y designación de los mismos a pesar de la existencia de los amparos promovidos por los agraviados.
Asimismo, destacó que el Congreso Veracruzano fue notificado de la resolución del juez federal por lo que debieron actuar en consecuencia y acatar el ordenamiento, sin embargo, tanto el presidente de la mesa directiva, Rubén Ríos Uribe como el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín se han negado a dar cumplimiento a dicho ordenamiento.
La otra responsable
Quien también podría ser sancionada por incumplimiento, es la presidenta del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez Huerta, quien a pesar de que en diversas ocasiones ha afirmado que únicamente ha sido respetuosa de las determinaciones del Congreso Local, de acuerdo con lo expresado por el abogado, también ha incurrido en desacato pues a pesar de tener conocimiento de las determinaciones tomadas a nivel federal las ha ignorado.
Del mismo modo, criticó el que intereses políticos o personales se estén anteponiendo al respeto a la ley, pues dijo que en más de una ocasión se ha violentado la normatividad para intentar realizar los nombramientos de personas afines al gobierno de Morena en puestos estratégicos de la administración pública.
“La situación es muy grave en el estado, es triste y lamentable, ya que más que preocuparse y velar por los intereses de la sociedad veracruzana, únicamente han demostrado que se preocupan por estar colocando a su gente en puestos estratégicos”, afirmó.
Finalmente, Valentín Olmos concluyó afirmando que espera que los legisladores reflexionen sobre esta situación y acaten lo establecido por la ley para de esta manera evitar que la Suprema Corte de Justicia tenga que intervenir pues esto dejaría muy mal parado el poder legislativo estatal.
