CIUDAD DE MÉXICO, 13 de julio, (AGENCIAS / CÍRCULO DIGITAL).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoció la responsabilidad y compromiso de autoridades de procuración de justicia locales por la aceptación total y en sus términos, de la Recomendación 4/2017, relativas al multihomicidio de la colonia Narvarte.
Esto es, por la omisión de investigar con la debida diligencia y perspectiva de género los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés.
Además, de la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el homicidio del periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril.
El organismo documentó las violaciones a derechos humanos de las cinco personas al debido proceso, a la verdad y acceso a la justicia, a la integridad de las personas respecto del derecho a la memoria.
También se violentó el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la afectación de forma indirecta de 22 familiares de las mismas.
Con esta acción, la Procuraduría capitalina se comprometió a revisar e implementar un plan integral de investigación, que incluya todas las líneas de investigación relacionadas con las actividades del periodismo y defensa de derechos humanos de dos de las personas agraviadas.
Mientras que la fiscalía deberá atender los casos en los que las víctimas pertenezcan a más de un grupo en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizado, colectivo o que reúnan características de diversos perfiles.
Como medidas de satisfacción, la dependencia procuradora de justicia se comprometió a reparar el daño integral a las personas víctimas; ofrecer y proporcionar la atención y acompañamiento psicológico que requieran y, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, entre otros.
A su vez, el Tribunal Superior de Justicia reforzará los servicios del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) a través de la actualización continua del personal médico que presta sus servicios.
Ademas, hará vista a las autoridades correspondientes, para que se inicien las investigaciones administrativas y penales, a fin de que se determine la responsabilidad sobre las personas servidoras públicas involucradas en los hechos materia del instrumento recomendatorio.
