Línea Fifí

Martín Takagui

Cuando están por cumplirse apenas, 14 meses de haber iniciado su gestión, como directora general de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor enfrenta el peor escándalo de la actual administración federal, luego de que una investigación de Artículo 19, en coordinación con el ITESO y Signa_Lab, diera a conocer el uso de bots en las redes sociales para desprestigiar y atacar a periodistas, a quienes considera sus adversarios.

Sin duda se trata de una investigación profesional, que ha destapado una verdadera cloaca, sobre la forma en que el Estado, a través de Notimex Agencia de Noticias del Estado Mexicano, es utilizada para contrarrestar las críticas de periodistas libres, profesionales y con amplias trayectorias como Dolia Estévez, Lydia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Petrich, Carmen Aristegui, Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga, entre otros.

Desde su llegada a Notimex, Sanjuana Martínez y un grupo de directivos, a los que trajo de su tierra natal, Monterrey, iniciaron una serie de acciones de terrorismo laboral y despidos injustificados, con el pretexto de que habría de “sanear a una agencia cuyo sindicato estaba lleno de corrupción”.

Sin embargo, esta investigación, que se realizó durante un mes, en el que se obtuvieron los testimonios de diez personas que trabajaban y hoy solamente dos siguen laborando en la agencia, dieron a conocer la forma en que los directivos presionaban y amenazaban con despedir a los trabajadores, si es que no creaban perfiles falsos que debían dedicarse a atacar, desprestigiar y dañar la imagen pública de periodistas.

Desde el pasado 21 de febrero, los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) estallaron una huelga por revisión contractual, violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y despidos injustificados de 241 trabajadores, 70 por ciento de ellos son mujeres; huelga que fue declarada legal y existente el 4 de marzo después de un recuento realizado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

La administración actual, ha pasado por encima de la ley, violó hasta este miércoles el derecho constitucional de los trabajadores a la huelga, pues contrató ilegalmente un local alterno, desde donde siguió transmitiendo los productos informativos, producto del esfuerzo de nuevos reporteros contratados una vez iniciada la huelga y con los trabajadores no sindicalizados y de confianza, a quienes amenazó con despedir si no seguían trabajando.

Gracias a la difusión de la investigación de Artículo 19, en el programa matutino de la periodista Carmen Aristegui, la presión mediática llevó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a emitir un acuerdo, este miércoles, en donde advierte que si Notimex no deja de trabajar, su directiva podría hacerse acreedora a una multa por cinco mil Unidades de Medida, que en dinero equivale a cerca de 450 mil pesos.

Sin duda, el gobierno ya tiene muchos problemas que resolver con las crisis económica, financiera y sanitaria, como para estar lidiando con una mujer que, a todas luces, se ha dedicado a violar las leyes, los derechos de los trabajadores y que el Estado y el gobierno tengan qué asumir los costos políticos.

La resolución que el miércoles emitió la autoridad laboral, enciende una luz al final del camino para los trabajadores en huelga, quienes han sido despedidos de facto, pues al estallar la huelga, les fueron suspendidos sus derechos y sus prestaciones de seguridad social.

La autoridad laboral ha actuado en todo momento, dentro del marco del derecho, aunque lentamente, pero en cada decisión y en cada resolución ha respetado la ley, mientras que, a través de la página de Internet de Notimex, sus directivos han tratado de desvirtuar la legalidad de las resoluciones, incluso, acusándolas de ilegalidades y fraudulentas.

En este caso, los bots, las estrategias de hostigamiento internas, las intenciones de dañar la imagen de periodistas libres y el uso de la Agencia de Noticias del Estado, para fines personales y propagandísticos, ha quedado al descubierto, en tanto, la presión de la opinión pública, hace y el derecho que asiste a los trabajadores habrán de surtir efecto para que Notimex vuelva al camino de la legalidad y del periodismo profesional.

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