“La Fiscalía General de la República es el garante que puede hacer suya la controversia para que se le dé entrada por la defensa jurídica que se requiere para la institución y el Estado de Veracruz”, indicó.
XALAPA, Veracruz, 15 de septiembre, (CARLOS MANUEL PELÁEZ – CORRESPNSAL / CDMX MAGACÍN).—La Magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Concepción Flores Saviaga dio a conocer que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no atienda la solicitud para revisar la legalidad de la reforma a la Constitución Política Estatal mediante la cual se establece la obligatoriedad de que los magistrados se retiren al cumplir 70 años de edad, podrían solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo anterior, luego de que el Congreso del Estado nombrara a seis nuevos magistrados pasando por alto la existencia de juicios de amparo promovidos por Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero quienes fueron destituidos al aplicárseles de manera retroactiva la ley en su perjuicio y a quienes posteriormente favoreció la sentencia de un juez federal.
Por tal razón, Flores Saviaga explicó que el pasado 21 de agosto cuatro magistrados interpusieron una controversia constitucional ante la corte para que sea esta la que tome una decisión ante el desacato de los diputados, sin embargo, reconoció que existe la posibilidad de que esta solicitud sea rechazada pues se requiere la firma de cinco integrantes de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV), por lo cual ya analizan la posibilidad de recurrir a la Fiscalía.
“La Fiscalía General de la República es el garante que puede hacer suya la controversia para que se le dé entrada por la defensa jurídica que se requiere para la institución y el Estado de Veracruz”, indicó.
Asimismo, recordó que existe un antecedente en el cual la FGR Inició acciones legales contra el Congreso de Veracruz el cual buscó realizar diversas reformas a la constitución local para nombrar a un fiscal anticorrupción, esto durante el gobierno encabezado por Javier Duarte de Ochoa y en donde finalmente se logró revertir las medidas aprobadas por el legislativo.
Por lo anterior, la magistrada aseguró que la autoridad deberá determinar si existe responsabilidad legal del presidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura del Congreso Veracruzano, Rubén Ríos Uribe, así como del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín ambos integrantes del grupo legislativo de Morena quienes se han negado a acatar la resolución emitida por un juzgado federal a pesar de que fueron notificados de manera oportuna puntualmente al Congreso del Estado, así como a la presidenta acerca de las suspensiones federales obtenidas a favor de los magistrados.
La magistrada aseguró que la autoridad deberá determinar si existe responsabilidad legal del presidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura del Congreso Veracruzano, Rubén Ríos Uribe.
“Me parece que los diputados no tienen la experiencia y creen que pueden violentar el Estado de Derecho, que es una norma que regula las acciones de la administración pública y las acciones de la aplicación de la Ley y ellos no pueden tomar una determinación y hacer acciones en contra de los jueces ni magistrados; no se han asesorado de manera adecuada en este tema, no interpretaron lo que significan estas suspensiones y las consecuencias que el no acatarlas les puede traer, tengo entendido que cuentan con un departamento jurídico con gente muy capaz y deben aprovechar toda la experiencia y conocimiento de sus abogados”, afirmó.
Titular del Poder Judicial incumplió acuerdo
Concepción Flores Saviaga resaltó que al interior del Poder Judicial de Veracruz existe inconformidad, pues a pesar de que el pleno del Tribunal estatal aprobó la presentación de la controversia y la magistrada presidenta Sofía Martínez Huerta se comprometió a realizar dicho trámite, no obstante, incumplió el acuerdo, por lo cual se vieron en la necesidad de ser ellos quienes promovieran el recurso.
“La controversia fue presentada dentro del término legal, se tomó la decisión de que lo hiciéramos nosotros, porque la presidenta no lo presentó a pesar de que fue una decisión que se tomó en el pleno desde el mes de agosto y ella se comprometió a hacerlo e incumplió”, detalló.
Además, criticó el actuar de Sofía Martínez al avalar la adscripción de los nuevos magistrados a pesar de tener pleno conocimiento de la existencia de los recursos promovidos tanto por Marco Antonio Lezama Moo como por Roberto Dorantes.
Por esta razón, insistió en que se debe buscar que las instancias correspondientes intervengan y tomen las decisiones necesarias para garantizar el respeto a las leyes, principalmente al interior de las instituciones.
Finalmente, señaló que desafortunadamente el contar con una persona sin la experiencia y los conocimientos necesarios para dirigir el Poder Judicial ha derivado en una serie de situaciones que afectan la impartición de justicia en el estado y en este caso particular ha propiciado que estén operando en la ilegalidad.
