Ciudad de México 02 Julio (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Con el respaldo de 67 legisladores del PAN y del PRD, la diputada federal Laura Angélica Rojas Hernández presentó una queja en materia de derechos de las audiencias, por los contenidos de la programación en Canal Once, relativos a los programas “La Maroma Estelar” y “John y Sabina”.
En el documento dirigido al Defensor de la Audiencia del canal, Felipe Neri López Veneroni, acusa falta de pluralidad, objetividad, sesgos informativos y conductas discriminatorias en esas transmisiones y solicita que se emitan observaciones, recomendaciones y/o propuestas de acción correctiva.
La legisladora sostuvo que con el inicio de “La Maroma Estelar y “John y Sabina” buena parte de los contenidos se han destinado a programas con personas que históricamente han sido afines a la ideología de la actual administración pública.
Con ello, aseveró, les resta pluralidad, diversidad y objetividad, y se transgrede la Constitución mexicana, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y su propio su Código de Autorregulación.
“Es evidente que desde el inicio de la presente administración federal la programación del Canal 11 ha tomado un sesgo propagandístico del quehacer gubernamental”, externó en el documento.
Reconoció que “evidentemente, las posiciones ideológicas y políticas del gobierno federal deben ser objeto de difusión en la programación del canal, pero de ninguna manera éste puede convertirse en herramienta de propaganda y ataque contra los enemigos reales o imaginarios del régimen”.
En la queja solicitó que el Canal Once se abstenga de realizar cotidianamente y de manera íntegra las transmisiones, de lunes a viernes, de las conferencias matutinas del titular del Ejecutivo federal.
Además, Rojas Hernández exhortó al Defensor de las Audiencias para que, en las transmisiones, en general de ese canal, sus productores, conductores y/o comentaristas eviten realizar apología de las acciones del gobierno federal y den cabida a la crítica y formas diversas de pensar.
En opinión de la legisladora, los denominados medios públicos no tienen como principal misión ser vehículos de comunicación de las instancias gubernamentales, sino ser espacios abiertos a cualquier tipo de información preservando la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones.
Todo ello, sostuvo, a fin de que fortalezca la vida democrática de la sociedad, evitando incurrir en conductas discriminatorias o excluyentes pues, en caso contrario, se convierten en voceros estatales, en grave perjuicio para el derecho de la información y en demérito de los derechos de las audiencias.
