En la discusión de la reforma al artículo 19 constitucional, que se celebró en San Lázaro, Wendy Briceño (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, se pronunció por esa medida, debido a que, señaló, México vive una emergencia nacional al cometerse nueve feminicidios al día en todo el país.
“Los últimos tres años los feminicidios en todos los rangos de edad han aumentado en 150 por ciento según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los feminicidios infantiles, en un 60 por ciento. Frente a esta situación tenemos que entrarle de muchas maneras y el Legislativo tiene que hacer su parte”, afirmó.
En contraste, la priista Dulce María Sauri Riancho aseguró que no es necesario integrar este tipo al catálogo de delitos graves porque tal sanción ya la prevé el Código Penal, que considera que quien cometa un asesinato debe pasar su proceso en prisión. Por el contrario, consideró que lo que se debe hacer es fortalecer a los Ministerios Públicos.
“El problema no es qué metemos al artículo 19 constitucional; podemos meterle todo, pero si los Ministerios Públicos siguen sin darle a los jueces elementos suficientes para poder fundamentar el tipo penal por el cual consignan, simple y llanamente no va a pasar nada, vamos a tener un 19 muy gordo y muchos responsables en las calles gozando de la libertad, mientras sus víctimas se sienten agraviadas”, señaló.
Estefanía Vela, del área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que ampliar el catálogo de delitos en la prisión preventiva oficiosa legitimaría la violación de múltiples derechos, pero no reduciría la impunidad ni la inseguridad.
“Lo único que va a reducir la impunidad es trabajar a fondo en las capacidades institucionales de las autoridades encargadas de operar los sistemas en nuestro país. De aprobarse esta medida, no sólo creo que no vamos a ganar nada, sino se pueden generar costos perversos en distintas poblaciones. Se va a legitimar la violación de múltiples derechos, incluidos el de la presunción de inocencia y a la libertad personal”, precisó.
Los especialistas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Katherine Mendoza, Carlos Humberto Olvera y Anayeli Pérez enfatizaron la frecuencia de este delito, por lo que se pronunciaron por incluirlo en la lista.
Para revisar este tema, la Cámara de Diputados llevará a cabo audiencias públicas del 6 al 8 de febrero, en las que participarán legisladores, académicos, especialistas y la sociedad civil, dentro de las mesas Fundamento Constitucional de la prisión preventiva; Seguridad, justicia y prisión preventiva; Prisión preventiva y sistema de justicia penal y Prisión preventiva, libertades e investigación.
