Ciudad de México 09 Abril (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a cuatro servidores públicos de Chiapas por la humillación de 14 maestros en mayo de 2016.
En tal fecha, los docentes fueron retenidos en distintos lugares y a diferentes horas, por negarse a participar en el paro de labores que llevaron a cabo el 15 de mayo.
Entre vejaciones, los maestros de primaria y del Colegio de Bachilleres fueron obligados a caminar descalzos hasta el mercado municipal por miembros de la CNTE, quienes les cortaron el cabello.
Aunque la CNDH reprobó el 31 de mayo de ese mismo año los actos intimidatorios, es hasta ahora que emitió una recomendación, producto de una exhaustiva investigación.
La Comisión estableció que seis docentes reunidos en “los arbolitos” de Comitán fueron interceptados por alrededor de 80 miembros de la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata, quienes los acusaron de querer entregar a las autoridades los listados de los maestros que estaban en paro de labores.
“Los jalaron y sujetaron de las manos, insultándolos con adjetivos como ‘maldita perra’, ‘vendepatrias’, entre otros”, externó la CNDH. Después los obligaron a caminar descalzos hasta la Central de Abastos, donde les cortaron el cabello. Dos horas después los liberaron sin que ninguna autoridad los auxiliara.
Los ocho docentes restantes fueron asegurados también por la OPIEZ donde se había instalado la oficina provisional del plantel con motivo del paro. Al igual que con las anteriores víctimas, los hicieron caminar descalzos hasta la Central de Abastos, donde un ‘tribunal’ resolvió ‘perdonar’ a cinco de ellos.
Por ‘actuar contra el movimiento magisterial’ y ‘haber agredido a uno de los integrantes’ de la OPIEZ, los tres maestros restantes fueron rapados.
Ante dichas acciones, la CNDH exhortó al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón; al fiscal general del estado Jorge Luis Llaven Abarca; a la directora del Colegio de Bachilleres, Nancy Leticia Hernández Reyes, y al alcalde de Comitán, Emmanuel Cordero Sánchez, que se otorgue atención médica y psicológica a las víctimas, además de que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
También que se dé seguimiento a la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado y se diseñe e imparta un curso integral en materia de derechos humanos y un protocolo de actuación para el personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Estatal Preventiva y a la Secretaría General de Gobierno.
