Empresas mineras atentas contra desarrolla integral de las comunidades indígenas:

Ciudad de México a 18 de Noviembre (CÍRCULO DIGITAL).-La diputada Blandina Ramos propuso cambios a la Ley Minera, para poner el bienestar de la población por encima de los intereses económicos.
Los consorcios mineros generan impactos ambientales y sociales negativos, por lo que se requiere de una mayor regulación de dicha actividad.
Las empresas mineras en México, cuyas concesiones son por 50 años con la posibilidad de renovarse otros 50, generan impactos ambientales que en varios casos dejan inservible la tierra para cualquier otra actividad, con lo cual atentan contra el desarrollo integral de las comunidades indígenas; de ahí la necesidad de reformar varios artículos de la Ley Minera.

Así lo manifestó la diputada Blandina Ramos Ramírez, quien aseveró que en la minería nacional sólo priva el interés privado y la utilidad particular, por encima del progreso rural y del bienestar de su población, que hoy ve con temor la latente posibilidad de que la Secretaría de Economía expropie las tierras que consideren convenientes para la explotación de esa actividad.

Ante esa problemática, la legisladora federal de Morena presentó ayer ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a los artículos 6, 13 y 13 Bis de la Ley Minera, encaminada a una mayor regulación de los consorcios mineros y para que se anteponga en primer término a las comunidades.

La también integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego cuestionó el despojo que sufren de sus tierras los habitantes de las comunidades rurales, para otorgárselas a las grandes empresas mineras.

“No es claro cómo con esta acción se pretenda garantizar a la población campesina su bienestar, por lo cual no es de extrañarse que México sea de los países americanos que más conflictos sociales presenta provocados por la minería, tan solo por debajo de Chile y Perú”, subrayó.

Explicó que actualmente el Artículo 6 de dicha legislación es injusto para las comunidades rurales e indígenas, ya que se establece que la minería es de utilidad pública y tiene preferencia sobre cualquier otro uso que pueda tener el terreno, lo que contraviene preceptos de la Constitución Mexicana y tratados internacionales suscritos por nuestro país, como el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OMT).

“Es dudoso que con la entrega de estas concesiones se haya respetado lo dispuesto en la Fracción XX del Artículo 27 Constitucional, en lo referente al deber del Estado de promover condiciones para el desarrollo rural integral, generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional”, puntualizó.

Ramos Ramírez señaló que, de acuerdo con investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las actividades de las mineras extranjeras han sido las principales causas detonantes de conflictos; la contaminación del agua, de las tierras y del aire, con sus consecuencias para la salud; los problemas territoriales; la violación de derechos humanos, e incumplimiento de las políticas de responsabilidad corporativa social.

Por último, consideró que la libre determinación de los pueblos indígenas está íntimamente ligada a decidir en qué se ocupara la tierra de la comunidad, por lo que hizo un llamado al pleno legislativo para otorgar su aval a la citada iniciativa, la cual fue turnada a la Comisión de Economía para su dictamen.