Ciudad de México, 17 de Noviembre (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-Carlos A. Monteiro y su equipo de investigación de la Universidad de São Paulo en Brasil proponen el sistema de clasificación de los alimentos llamado “NOVA” para orientar políticas públicas de prevención de la epidemia de obesidad, que suma cada año 3.6 millones de personas obesas y 3.9 millones de niños menores de cinco años con sobrepeso en la región, según se expone en el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018 en América Latina y el Caribe –informe elaborado y recientemente presentado por FAO, OPS y UNICEF, junto con el Programa Mundial de Alimentos. En él también se convoca a los países latinoamericanos a aplicar políticas públicas que promuevan sistemas alimentarios saludables y sostenibles.
El sistema NOVA de clasificación de los alimentos es un modelo científicamente sustentado que fomenta pautas alimentarias saludables y de calidad, el cual ha sido instrumentado y probado en muchos países, incluidos varios de América Latina como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y, más recientemente, en México (en el XVIII Congreso Latinoamericano de Nutrición, SLAN, recién celebrado en Guadalajara, Jal., se presentaron estudios sobre consumo de alimentos ultraprocesados en México y su efecto sobre la calidad de la dieta mexicana).
Sin duda, en nuestro país nos urge disminuir la tasa de obesidad en adultos, que entre 1980 y 2016 aumentó de 11.5% a 28.9%, incidencia que convive simultáneamente con la desnutrición. En las últimas cuatro décadas hemos disminuido la preparación de alimentos sin procesar e incrementado el consumo de productos ultraprocesados, a pesar de que contamos con una buena dotación de saludables frutas y verduras, pues estamos entre los países latinoamericanos con mayor producción.
Un estudio realizado por Carlos Monteiro y sus colegas en 2013, citado en el Panorama referido, evidenció que la fabricación transnacional de productos alimenticios, la venta al por menor y las cadenas de comidas rápidas basan sus servicios en proporcionar productos ultraprocesados, expandiendo así su oferta. De hecho, la desregulación de los mercados para la venta de estos productos favorece a las grandes industrias alimentarias, que incrementan su producción, venta y consumo.
En México siguen publicitándose productos con altos porcentajes de grasas, azúcares y sal que resultan dañinos, sobre todo para los menores. Si bien la industria acordó con la Secretaría de Salud utilizar la guía de alimentos considerados nutritivos, el porcentaje de azúcar en los cereales que fabrica es de 30 gramos por cada 100 gramos, cifra que no sólo contradice el pacto signado, sino que es seis veces mayor de lo permitido en los países escandinavos.
Desde octubre del 2014, la OPS propuso el Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia (2014-2019), aprobado por los Estados Miembros de esta organización. En él se retoman los análisis del sistema NOVA, que clasifica los alimentos y los distintos tipos de alimentación según la naturaleza, finalidad y grado de procesamiento industrial, e incluye cuatro grupos: alimentos sin procesar, ingredientes culinarios procesados, alimentos procesados y productos ultraprocesados.
Monteiro argumenta que las políticas públicas, las recomendaciones y las acciones relativas a la nutrición y la salud se han basado convencionalmente en determinados nutrientes (sodio y grasas saturadas) y tipos de alimentos (frutas y verduras, carnes rojas). Sin embargo, considera que resultan inadecuados y engañosos tales enfoques porque parten de una visión limitada de la nutrición, según la cual los alimentos son la simple suma de sus nutrientes, y no prestan la debida atención al impacto del procesamiento industrial moderno de los alimentos en la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas.
Las políticas y acciones más eficaces para mejorar la calidad del suministro de alimentos a fin de reducir la incidencia del sobrepeso y la obesidad, precisa Monteiro, incluyen la adopción de regulaciones públicas e intervenciones en el mercado, tales como las aplicadas al consumo del tabaco, cuya eficacia ya se ha demostrado.
Sin embargo, se ha informado que algunos intentos recientes de aplicar regulaciones obligatorias al abasto de alimentos han sido obstaculizados por campañas de desinformación, por publicaciones científicas tendenciosas y por los intereses empresariales.
De ahí que las políticas públicas encaminadas a mejorar los sistemas alimentarios y lograr una alimentación más saludable requieren no sólo un firme compromiso político, sino también el apoyo decidido de ciudadanos bien informados y activos, bajo el liderazgo de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales locales, estatales y nacionales.
