Ciudad de México a 11 de Mayo (AMPRYT/CÍRCULO DIGITAL).-Es reprobable que autoridades y empresarios se alíen para presentar diversos eventos musicales con fines de lucro en zonas arqueológicas e históricas de México, ya que ponen en riesgo los monumentos que se ubican en dichos espacios. De ahí la necesidad de reformar la Ley General de Bienes Nacionales para impedir que el patrimonio cultural del país sufra daños, aseveró la diputada Ernestina Godoy Ramos.
Explicó que dichos espectáculos alteran el entorno de esas importantes áreas con la instalación de diferentes materiales para escenarios –plataformas metálicas y pesadas, por ejemplo–; grandes amplificadores, que producen vibraciones por los altos decibeles, y la presencia masiva de personas.
La legisladora federal de Morena agregó que estos factores aumentan la posibilidad de que construcciones arqueológicas sensibles sufran terribles daños y hasta su destrucción.
“Los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos han sido declarados bienes nacionales sujetos a la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación para que se transmitan a las generaciones futuras e incluso son considerados de utilidad pública para la nación”, puntualizó.
Godoy Ramos comentó que es notorio y público que los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos han sido destinados a fines distintos a los que establece la ley, y que su explotación comercial pone en riesgo el patrimonio cultural nacional.
Recordó que eventos como los del tenor Luciano Pavarotti, en 1997; el cantante británico Elton John, en 2010, y del músico mexicano Armando Manzanero, en febrero pasado, que se llevaron a cabo en la zona arqueológica de Chichén Itzá, implicó la comercialización y explotación de bienes de dominio público, cuando su naturaleza es la inalienabilidad.
Derivado de esa problemática, informó que recientemente presentó una iniciativa de reformas al Artículo 30 de la Ley General de Bienes Nacionales, con el propósito que los monumentos arqueológicos e históricos, muchos de los cuales han sido declarados patrimonio cultural de la humanidad, no sean objeto de concesión, permiso o autorización.
“Esta reforma permitirá definir que la vigilancia y protección a esas áreas recaiga en la Secretaría de Cultura y que sea el Instituto Nacional de Antropología e Historia el encargado de elaborar el reglamento para el otorgamiento de permisos y autorizaciones para la realización de actividades cívicas y culturales en dichas zonas exclusivamente”, enfatizó.
