Ciudad de México, 04 de Octubre (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-La tasa de evasión fiscal en México representó 2.6 por ciento del PIB en el 2016, lo que significó que el gobierno no recaudó alrededor de 510 mil millones de pesos, resaltó el senador Samuel García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Dijo que el país está ante un muy grave problema, ya que existe una amplia red de vendedores y compradores de facturas; y la evasión fiscal inicia con la creación de empresas pequeñas, con un capital social de menos de 5 mil pesos, que posteriormente emiten facturas que amparan la venta de bienes y servicios de hasta millones de pesos.
Explicó que según la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, este tipo de defraudación le costó al país el equivalente al 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 483 mil 874 millones de pesos.
Por lo que presentó una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación, para combatir la compra-venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas o inexistentes.
El proyecto establece que las personas físicas y morales estarían obligadas a retener, en todas las transacciones objetos del IVA, las dos terceras partes del impuesto a personas físicas y morales, sin excepción. Así como el diez por ciento del ISR a personas físicas y morales, sin excepción.
Se podrían cancelar sellos digitales de manera automática a las personas físicas y morales que facturen operaciones simuladas, de manera preventiva; que incluya la generación de un proceso ágil y sencillo para aclarar la emisión de sus comprobantes fiscales.
Además, se deberán generar procesos de validación sofisticados para las personas físicas y morales que crean sociedades, a fin de evitar el robo de identidad y la constitución de empresas que emiten facturas que simulan operaciones, conocidas en el argot popular como “empresas factureras”.
La iniciativa presentada por el senador Samuel García fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.
