Ciudad de México, 09 de Junio (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar la presunta operación de una red de explotación de personas extranjeras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, misma que podría contar con la participación de servidores públicos, con base en el punto de acuerdo presentado por la senadora Adriana Dávila Fernández y aprobado por el pleno.
Asimismo, esta representación solicitó a la PGR coordinarse y colaborar con autoridades de otros Estados en la investigación y desmantelamiento de la red de delincuencia organizada que capta y engancha a mujeres de nacionalidad venezolana para ser sometidas a explotación, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
En un tercer resolutivo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhortó a la Procuraduría federal, así como a la Comisión Nacional de Seguridad y al Instituto Nacional de Migración, a coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales nuestro país.
En la exposición de motivos de su propuesta, Dávila Fernández recordó que el 8 de mayo pasado en medios de comunicación se publicó una entrevista con la abogada Beatriz Borge, coautora del informe “Trata de Personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna”, en el que señala que Colombia es la ruta por la cual paramilitares y traficantes de drogas y armas trasladan a mujeres venezolanas, reclutadas mediante engaños, para ser sometidas a diversas formas de explotación.
De acuerdo con dicho informe, los tratantes pagan entre 14 mil y 19 mil pesos a agentes de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para facilitar la entrada de mujeres venezolanas.
Además, se expone que el número de víctimas que han sido reclutadas para ser sometidas a algún tipo de explotación aumentó en los últimos años hasta en un 300 por ciento, al pasar de 60 mil 900 personas, de 2014 a 2016, a 198 mil 800, entre 2016 a 2018.
De continuar esa tendencia, se estima que en 2020, la población reclutada será de cerca de 600 mil personas, es decir el 2 por ciento de la población total de Venezuela, refirió Dávila Fernández.
“Es necesario que las autoridades mexicanas, y en especial la Procuraduría General de la República, asuman la responsabilidad que les corresponde, para combatir la trata de personas de tipo transnacional e inicie, a partir del conocimiento de tales actos, la carpeta de investigación correspondiente que les permita entablar comunicaciones y actuaciones con autoridades de otros países con el objetivo de desmantelar la red de complicidad que existe entre autoridades nacionales y la citada red de tratantes de Sudamérica”, manifestó la legisladora panista.
