Ciudad de México, 19 de Septiembre (JUAN R. HERNÁNDEZ/CÍRCULO DIGITAL).- La Cámara de Diputados exhortó a los ejecutivos federal, de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México, para que den a conocer, en sus portales de transparencia, la información relativa a la ayuda a damnificados y la remediación de los daños causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
Solicita, asimismo, que informen el monto ejercido de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2018, los otorgados por el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y los transferidos por particulares, bajo cualquier modalidad legal, así como su destino específico; el porcentaje de avance en los trabajos de reconstrucción, y la cifra de afectados a cuyos inmuebles no se les ha realizado un peritaje de daño estructural.
Al presentar la propuesta, la diputada de Morena, Leticia Arlett Aguilar Molina, destacó la necesidad de que los entes públicos competentes concluyan esta última tarea en las zonas afectadas y otorguen a la brevedad los apoyos, a fin de que se termine la reconstrucción y las personas damnificadas logren restituir su vida plena.
Además, los diputados federales solicitaron a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos superiores de fiscalización de las entidades federativas afectadas con los movimientos telúricos del año pasado, “garanticen la adecuada fiscalización y total transparencia de los recursos para la reconstrucción y den curso a las denuncias por el mal empleo de los recursos del PEF y del Fonden que fueron destinados para ese objetivo”.
A la Procuraduría General de la República (PGR) y a sus homólogas en los estados dañados, pidieron que conjunta y coordinadamente “realicen las investigaciones tendentes a identificar, sancionar y evitar la repetición de las conductas derivadas de la probable comisión de delitos por el indebido ejercicio de los recursos públicos para los afectados por los sismos de septiembre de 2017, en concreto, si existe una desviación de recursos públicos”.
También, a la Secretaría de Educación Pública le solicitaron instrumentar, con carácter de urgente, un programa especial para concluir las labores de reparación y reconstrucción de las escuelas dañadas y dar atención a los estudiantes que no han comenzado el ciclo escolar 2018-2019, priorizando el respeto al interés superior de la niñez.
A propuesta del diputado Armando González Escoto (PES), el Pleno cameral aprobó una adición al punto de acuerdo, para pedir al director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo del gobierno federal dé a conocer el algoritmo que se utilizó para calificar el tipo de daños de las viviendas por los sismos del año pasado.
En su argumentación, la diputada Aguilar Molina exigió que las autoridades aclaren y comprueben el destino de los recursos que fueron donados para los damnificados, en particular los provenientes del extranjero.
Afirmó que “no podemos permitir que el abandono continúe”. El Estado mexicano tiene una gran deuda con los damnificados de los sismos desde 1985, y es inaceptable que “las autoridades hayan permitido que vivales y estafadores hayan engañado a los damnificados, que no se conozca la aplicación de los recursos recaudados en México o provenientes del exterior”, señaló.
Además, lamentó que en la Ciudad de México familias completas sigan viviendo en la calle o no hayan recibido ningún apoyo, o que en otras entidades la demolición de las construcciones dañadas siga pendiente.
“Es una vergüenza que muchos de los damnificados padezcan verdaderos viacrucis burocráticos, cuando deben ser las autoridades las que acudan en apoyo de la población”, resaltó.
Destacó que se necesita revisar y, en su caso, reformar el marco legal para atender desastres naturales, a través de una nueva Ley de Protección Civil, que posibilite con recursos financieros, tecnológicos y humanos la atención y protección de la población en casos de desastre, para que las autoridades tengan mayor capacidad de reacción en auxilio de la población afectada.
Además, revisar, transparentar y fortalecer al Fonden, otros esquemas y recursos para contingencias, agregó.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala (PRD) indicó que es indispensable para los mexicanos que las acciones y recursos que se destinaron para la emergencia, así como para la reconstrucción de los inmuebles que resultaron afectados, deben ser ejercidos con la mayor transparencia y eficiencia.
Asimismo, que quienes han sido víctimas de esta catástrofe natural puedan acceder a condiciones que restauren su calidad de vida, debido a que en las siete entidades que resultaron mayormente afectadas no solo actuó la fuerza de la naturaleza, sino también la corrupción, puntualizó.
Manifestó su postura a favor de los resolutivos presentados, para solicitar a los gobiernos federal y estatales que hagan público en el portal de Transparencia los recursos federales recibidos para la reconstrucción.
El diputado Ariel Rodríguez Vázquez (MC) expuso que 32 años después del sismo del 85, México y el mundo unieron sus fuerzas para brindar ayuda a los damnificados; rescatistas profesionales, asociaciones y organizaciones civiles acudieron al llamado de ayuda, y también se recibió el reconocimiento y el apoyo internacional.
Dijo que en Oaxaca se registraron 57 mil afectaciones a inmuebles, mientras que en Chiapas se contabilizaron 53 mil negocios y viviendas con daños; en total, se estimó que este sismo dejó 300 mil damnificados, no es una cifra menor y no importa el lugar del país del que vengamos, este es un tema trascendente para la nación.
Es necesario exhortar a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar con carácter de urgente un programa especial para concluir las labores de reparación y reconstrucción de los planteles educativos dañados durante los sismos de septiembre de 2017, y atender a estudiantes que no han comenzado el ciclo 2018.
La diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) dijo que el gobierno debe cumplir con sus responsabilidades, porque con esta tragedia muchos se han aprovechado e, incluso, enriquecido.
Ante este tipo de sucesos el pueblo debe estar preparado para ayudarse a sí mismo. “La solidaridad y la sensibilidad de tantas mujeres y hombres, de los jóvenes durante aquellas jornadas exhaustivas de rescate fueron sorprendentes, heroicas”.
Este 19 de septiembre tenemos que ser respetuosos del luto nacional, “el respeto a la memoria de las víctimas, la solidaridad con sus deudos y el homenaje a quienes ayudaron en los momentos más críticos sea la huella que recordemos”.
El diputado Armando González Escoto (PES), comentó que se ha exigido a las autoridades federales y locales, una atención adecuada que garantice el derecho humano a una vivienda digna a las personas afectadas por el sismo.
Indicó que se descalificó el trabajo del Cenapred y la UNAM del mapa digital de fracturamiento, que presentaron de manera conjunta días después del sismo. “Hoy vemos de manera lamentable que la mal llamada Ley de Reconstrucción no visibiliza la problemática de los vecinos de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco. Ni mucho menos tiene un censo actualizado de cuántos damnificados existen”.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) mencionó que los sismos del año pasado provocaron afectaciones en más de 403 municipios y alcaldías de la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tabasco, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Guerrero y Estado de México; por su dimensión, dispersión geográfica, variedad y extensión es la catástrofe más significativa de nuestra historia. “Debemos reconocer su dimensión, pues uno de cada cinco municipios en el país fueron afectados”.
El esfuerzo de la reconstrucción, enfatizó no tiene precedentes, nos convertimos en un referente a nivel internacional por la capacidad de respuesta en el apoyo a los damnificados. En vivienda, el gobierno de la República ha invertido más de 8 mil millones de pesos para beneficiar a más de 166 mil familias y tan sólo en un año se ha atendido el 98 por ciento de las viviendas con algún tipo de daño.
A un año de la tragedia los avances son tangibles para la reconstrucción de los 19 mil 194 centros educativos y se han aprobado más de 9 mil millones de pesos; hoy todos los alumnos de educación básica asisten a clases, 98 por ciento lo hacen en sus planteles y 2 por ciento están reubicados temporalmente. Invitó al próximo gobierno a seguir con el mismo esfuerzo, ya que todavía faltan cosas por hacer.
Por el PAN, la diputada Gloria Romero León indicó que a un año de los sismos quedan muchas preguntas en el aire, ya que “la información por parte del gobierno no sólo se ha dado a cuenta gotas, sino que, además, es incongruente con la realidad que viven los damnificados y la sociedad, en su conjunto, no ve los avances suficientes en los trabajos de reconstrucción”.
Reconoció que los trabajos toman un tiempo considerable; sin embargo, es momento de llamar a cuentas a los responsables para asegurarse de que la reconstrucción concluya conforme a lo establecido. Asimismo, a las autoridades de los tres niveles de gobierno que por omisión o franca incompetencia, dejaron de verificar o inspeccionar los inmuebles que albergaban escuelas, hospitales, centros de trabajo o casas habitación.
El hecho de que se hable de un desvío multimillonario en la aplicación del presupuesto destinado para la reconstrucción, “nos obliga a exigir una investigación a fondo sobre el uso y destino de los recursos etiquetados para la atención de los damnificados”.
La diputada Juanita Guerra Mena (Morena) señaló que existen zonas sísmicas de clasificación D, donde han acontecido los grandes temblores históricos, que no cuenta con la Red Acelerográfica y un sistema de alerta sísmica.
Por ello, consideró urgente diseñar esquemas de gestión integral de riesgo, tanto para el tema sísmico como para el desastre natural, “porque hace un año fueron los sismos y hoy las inundaciones como es Jojutla, Morelos”.
En la próxima discusión del Presupuesto de Egresos se deben asignar recursos para el aseguramiento de inmuebles y para el patrimonio histórico, ante estos sucesos catastróficos, en todos los estados.
Para hechos, la diputada de Morena, María del Carmen Bautista Peláez, expresó que todavía en Oaxaca las personas no cuentan con la reconstrucción de sus viviendas, pues “no se sabe dónde quedó el recurso del Fonden”. Además, pidió la instalación de mesas de diálogo para resolver las demandas de actualización de los censos de las casas afectadas.
Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, expuso que a pesar de que se dice que ya hay apoyos, los damnificados no “han recibido nada”, y afirmó que el único que estuvo a la altura del sismo fue el pueblo de México y otras naciones. “Nos tocará a nosotros cumplirle a la gente y lo haremos”.
El diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRD) señaló que es indispensable transparentar el destino de los recursos e informar que han hecho las autoridades para responder a las necesidades de los damnificados. Solicitó un informe detallado para que explique en qué fueron utilizados los montos.
