Ciudad de México 17 Febrero (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Tras lamentar la renuncia de Clara Torres Armendáriz como encargada del Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar y advertir la urgencia de buscar una solución al conflicto que ha tomado tintes políticos y provocó ya la primera renuncia relevante en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentará esta semana ante el Pleno de la Cámara de Diputados, dos puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a que realice una exhaustiva revisión del citado programa para detectar posibles irregularidades, fallas en el modelo y, en su caso, denunciarlas ante las autoridades competentes.
Asimismo, se planteará que esta Cámara solicite a las comisiones unidas de Desarrollo Social; de Hacienda, y de Presupuesto y Cuenta Pública; realizar una mesa de trabajo con representantes de más de nueve mil estancias infantiles administradas por la Secretaría de Bienestar, a fin de escuchar sus planteamientos y, en su caso, encontrar alternativas de solución que les permitan seguir funcionando en beneficio de más de 300 mil menores, cuyas madres o padres carecen de los recursos y medios para la atención y cuidado de sus hijos, y requieren salir a trabajar o estudiar.
Antonio Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) presentará los citados puntos de acuerdo como parte de compromisos asumidos con titulares de estancias infantiles de diversos estados del país que han acudido a Palacio Nacional y al recinto legislativo en busca de ser escuchados para que esos espacios no sean aniquilados por decisión del actual gobierno, pese a que las evaluaciones favorables que se les han aplicado a lo largo de 12 años de existencia.
De acuerdo con lo señalado por el legislador federal, el programa cuenta con una cobertura en más del 50 por ciento de los municipios del país; por lo que incluso funge como la mejor opción para el servicio de cuidado de infantes por encima de los que posee el sistema de Seguridad Social. Tan solo en 2018, el Programa de Estancias Infantiles contó con 9 mil 315 espacios dando apoyo a hogares con al menos una niña, o niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad; o de entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (en caso de infantes con alguna discapacidad).
“El pasado 6 de febrero, en lo que pareciera una ocurrencia del Gobierno Federal -explicó Ortega Martínez- se anunció que la forma de operar del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadores cambiaría. Los recursos que hasta 2018 se entregaban a las estancias, ahora serían enviados a los padres de familia para que ellos decidan el destino de los mismos. En esas mismas declaraciones, tanto el Presidente de la República, como el Secretario de Hacienda y Crédito Público; justificaron la decisión con un informe donde pretenden “demostrar” que existen irregularidades en el programa, que hay personas con múltiples propiedades de estancias infantiles, que se reconoce la existencia de padrones con usuarios inexistentes o duplicados y que se convirtió en un negocio de ex funcionarios y dueños de estancias”.
Añadió que del 6 de febrero a la fecha, el gobierno ha mantenido inamovible su postura en el sentido de que los recursos lleguen a los padres de familia y ellos decidan; pero dejó en claro que “este modelo puede ser perverso y prestarse a que, un programa destinado a la mejora de las condiciones de desarrollo del infante, pase a ser parte de la miscelánea económica de la familia y se desvirtúe el uso del recurso público”.
Ante este escenario y clarificar una situación que pone en serio riesgo los derechos de las niñas y niños en condiciones de pobreza de nuestro país, Antonio Ortega indicó que se planteará el exhorto a la ASF para que realice una auditoría exhaustiva al Programa, que se detecten posibles irregularidades, fallas; mal uso de los recursos públicos, o inoperatividad de recintos y, en caso de encontrar irregularidades, se promuevan procesos de responsabilidad administrativa a sancionar.
Y por lo que corresponde al Legislativo, añadió, la propuesta es llamar a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública para que se convoque a una mesa de trabajo con representantes de las estancias infantiles, con la finalidad de escuchar sus planteamientos y dar solución al conflicto.
Ortega Martínez recalcó finalmente que el tema es delicado porque los planteamientos señalados por el presidente López Obrador demuestran que el tema ha tomado tintes políticos, y desde la Presidencia de la República se está utilizando un programa para atacar a gobiernos anteriores sin considerar que pone en condiciones de vulnerabilidad a niños y niñas cuyas garantías individuales están siendo violentadas, y de ello ya han dado cuenta las propias organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
