“La colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla contra componentes y fines político electorales, para hacerla un campo de neutralidad política que eleve la mirada por encima de diferencias ideológicas, considerando en ello factores de responsabilidad legal y representatividad entre autoridades, eficiencia, secrecía, profesionalismo”, señala el texto publicado hoy en el periódico El Heraldo de Chihuahua.
“Por ello –agrega el documento- nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados “Coordinadores Estatales” del Gobierno Federal, y colocar a los Gobernadores y Fiscales de los Estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el País, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”.
Los gobernadores también fijan su posicionamiento en relación al papel del Ejército en la estrategia federal de seguridad pública y coinciden en que la función de las fuerzas armadas no es la de primeros respondientes, sino el último recurso del Estado para preservarse.
“Los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los ciudadanos para velar por su tranquilidad”, explican, luego de reconocer y agradecer sin reserva alguna el trabajo de apoyo que han proporcionado las fuerzas armadas a los distintos estados del país.
La carta abierta lleva la firma de Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (Baja California), Carlos Mendoza Davis (Baja California Sur), José Rosas Aispuro (Durango), Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato), Antonio Echeverría García (Nayarit) y José Antonio Gali Fayad (Puebla)
También Francisco Domínguez Servién (Querétaro), Carlos Joaquín González (Quintana Roo), Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas) y Mauricio Vila Dosal (Yucatán)
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, firma como responsable.
En el documento, los mandatarios explican que sus gobiernos colaborarán, en el ámbito de su competencia, con las autoridades federales “pero la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar, como es nuestro caso”
“El país –destacan– se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro”.
En la carta exponen que el camino para resolver el gran pendiente de la seguridad es, por un lado, atender las causas criminógenas del delito y de la violencia, sobre todo las que facilitan la captura de los jóvenes y grupos vulnerables por el crimen organizado y, por otro lado, fortalecer las capacidades civiles de la policía, investigación, procuración de justicia y reinserción social.
Detallan que en lo particular se requiere establecer políticas de largo plazo e invertir recursos en el reclutamiento, profesionalización y dignificación salarial y gremial para las policías federal y locales, bajo un diseño institucional que precise los tramos de responsabilidad y los mecanismos de colaboración, auxilio y sustitución subsidiaria.
Otro pendiente identificado por los gobernadores, es fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el esfuerzo del Estado mexicano en esta materia se oriente a objetivos claros, transparentes, medibles y evaluables, además de establecer “un sistema que fije con eficacia las obligaciones, procesos y consecuencias para que cada componente de la Unión haga bien la parte que le corresponde”.
En el documento, los mandatarios estatales reconocen la contribución que las fuerzas armadas mexicanas realizan todos los días por la seguridad de los mexicanos y coinciden en la imperiosa necesidad de que continúen con esa extraordinaria labor de apoyo a la seguridad de la sociedad mexicana.
Sin embargo, precisan en su posicionamiento público, la presencia militar responde a una necesidad provocada por la omisión política de construir capacidades civiles.
“Las fuerzas armadas deben participar en auxilio y colaboración de las autoridades competentes en circunstancias especialmente apremiantes que pongan en riesgo la soberanía e independencia nacional, la continuidad del orden constitucional, la integridad del pacto federal, la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos. La función de las fuerzas armadas no es la de primeros respondientes, sino el último recurso del Estado para preservarse. Los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los ciudadanos para velar por su tranquilidad”, explican.
También señalan que no pueden pedir más a las fuerzas armadas de manera indeterminada, si al mismo tiempo no se traza una ruta de mejora de las policías civiles federales y, especialmente, estatales y municipales.
“Estamos convencidos de que el país debe avanzar hacia una normalidad en la que la seguridad sea una condición generada desde las responsabilidades jurídicas y políticas. El camino del entendimiento está trazado en la Constitución, en el federalismo, en la división de poderes, en el respeto a los derechos y libertades, en el diálogo incluyente y participativo. Cualquier atajo en ese camino sólo conduce a desencuentros que siempre pagan muy caro todos los mexicanos”, destacan los firmantes.
Al final del documento, reiteran su reconocimiento, respeto y gratitud, sin reserva alguna, a las fuerzas armadas, además de su voluntad de diálogo y colaboración con el nuevo titular del ejecutivo por el bien de México “como corresponde a una democracia que aspira a consolidarse con el esfuerzo de todos”.
