«Gobierno está obligado a judicializar las acusaciones y dejar de hacer escándalo mediático.»
La FGR debe investigar y llevar el expediente ante un juez de control. Y en todo caso, que el asunto se resolviera en un juicio oral.
CIUDAD DE MÉXICO, 20 de agosto, (DAVID POLANCO / CDMX MAGACÍN).—El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe dejarse de filtraciones, escándalos mediáticos y llevar por los cauces legales todas las acusaciones en contra de ex funcionarios y ex representantes populares.
Esto significa que las autoridades de la llamada “4T” soliciten a la Fiscalía General de la República investigue las acusaciones de Emilio Lozoya sobre los supuestos sobornos, que se abra una carpeta de investigación, que la presenten ante un juez de control y éste determine si ha lugar a iniciar un proceso legal o no.
“Se supone que la Fiscalía está integrando la carpeta, pero supongo que no tiene elementos reales probatorios, por eso lo reventó en los medios de comunicación, para hacer puro escándalo, y lo que debe hacer y está obligado es a judicializar el asunto”, asevera Mina Moreno, abogada constitucionalista.
En entrevista con CDMX MAGACÍN, Mina Moreno explica la secuela que debería seguir este caso, la cual obligadamente tendría que llegar, en su caso, a un juicio oral.
“Debe partirse del hecho de que hay la presunción de la Comisión de los hechos delictivos. Entonces tendrían que enviar la investigación a un juez de control que debería decidir si otorga una orden de captura”.
Continúa: “Quienes fueran las o los presuntos tendrían que ponerse a disposición de otro juez para que éste determinara si los vincula o no a proceso. ¡Quiero ver qué juez se va a aventar ese torito, después de que ya se vició el caso con los escándalos mediáticos!”, enfatiza.
Hay que recordar que Emilio Lozoya presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, en la que señala como responsables de actos de corrupción a los ex presidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón, entre otros.
¡Quiero ver qué juez se va a aventar ese torito, después de que ya se vició el caso con los escándalos mediáticos!”
Mina Moreno deja en claro que todos los videos que se han publicado en los medios “carecen de una validez jurídica, toda vez que por la forma en que fueron dados a conocer a la luz pública violaron los Principios de Presunción de Inocencia, Debido Proceso y Seguridad Jurídica”.
Explica que este marco legal proviene de la Reforma Constitucional de Junio de 2011, con motivo de la Sentencia Dictada por la Corte Interamericana en el Caso Radilla Pacheco, en el que se condena al Estado Mexicano por no respetar esos principios.
Por eso estos videoescándalos son distintos a los de 2004, cuando el ex secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano –conocido como el Señor de las Ligas– fue exhibido recibiendo fajos de billetes del llamado empresario Carlos Ahumada.
“En aquellos días no existían estas Reformas Constitucionales, por eso fue distinto”, explica.
Añade que en el video de los funcionarios del Senado de la República recibiendo unas bolsas con dinero, “está distorsionada la voz de quien graba; no hay identidad de ninguna persona, hay un encubrimiento de quien comete el cohecho. Y lo más importante, no existe ningún indicio de que el dinero que se está entregando a los funcionarios del PAN sea para un cohecho”.
«Recibir ese dinero y tenerlo en las manos no constituye un delito por sí mismo.»
La abogada dice que recibir ese dinero y tenerlo en las manos no constituye un delito por sí mismo, además de que tampoco queda claro que se les haya entregado para una acción delictiva”.
En caso de que intentaran usarlo como prueba en contra de algún legislador o personaje público, “simplemente quedaría desechado porque carece de validez jurídica, al violarse éstos principios y la forma en que fue presentado, que fue dado de alta en una cuenta apócrifa”, remarca.
Para la abogada Mina Moreno, cualquiera de las personas que aparecen en este video pueden acudir a los Tribunales Internacionales, como la Corte Interamericana, que podría condenar al Estado Mexicano por resarcimiento de daños, ya que en el proceso de defensa se afectaron, se vulneraron los derechos humanos de estas personas. Ello evidenciaría la Parcialidad de la Justicia en México y el Manejo de Información y Pruebas.
