Ciudad de México, 08 de Enero (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, destacó que la Guardia Nacional es bienvenida, siempre y cuando se tomen en cuenta estrategias acordes a la realidad de cada estado.
Durante la Mesa 1. Seguridad Ciudadana en los Estados, como parte de las “Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional”, enfatizó: “un traje a la medida que combata a la delincuencia organizada sólo se puede confeccionar con un trabajo conjunto entre los gobiernos federal, estatal y municipal”.
El también gobernador de Campeche mencionó que la reforma constitucional que permitirá la creación de la Guardia Nacional no debe confundir ni traslapar las facultades de cada orden de gobierno, pues la seguridad pública es uno de esos grandes retos federalistas. “Esperamos que el Congreso de la Unión cree una institución bajo criterios de la soberanía estatal privilegiando la coordinación y el trabajo conjunto con pleno respeto a los derechos humanos.
Consideró que la Guardia Nacional no debe ser una institución clonada de las fuerzas armadas ni conducir a una militarización del país, pues formar y capacitar policías lleva años, además, pidió tener en claro los controles de confianza, los exámenes y los indicadores de cada una de las entidades federativas. “Los agentes de seguridad no se compran en una tienda de conveniencia; se forman todos los días a lo largo de muchos años”.
Expresó que si bien esta reforma constitucional propone un origen eminentemente castrense, es necesario que su labor y tareas corran a cargo de la autoridad civil y recalcar que estarán sujetas al fuero civil, “sólo así podría darse una adecuada participación de los gobiernos estatales en los trabajos coordinados de seguridad pública con el federal.
Asimismo tendrá que garantizar que sus funciones serán con pleno respeto y observancia a los derechos humanos. El Estado mexicano deberá transitar donde las instituciones públicas y las de seguridad sean sus principales garantes.
La diputada Lizbeth Mata Lozano (PAN) resaltó que existe coincidencia entre los gobernadores en la no militarización del país; que se fortalezcan las policías civiles con mejores salarios, estrategias, herramientas y no generar un desplazamiento de ellas.
El diputado panista, Marco Antonio Adame Castillo deseó que las aportaciones vertidas en estas consultas incidan en la voluntad política para modificar la Guardia Nacional, para que esta contribuya a impulsar la seguridad, la justicia, la erradicación de la violencia y no a la creación de un ente confuso, profuso y difuso en facultades, objetivos y alcances.
El senador Pedro Miguel Haces Barba (Morena) enfatizó que es urgente construir fuentes para enfrentar el crimen, por lo cual se creará la Guardia Nacional. Aclaró que no se trata de militarizar al país, ya sucedió: “se sacó al Ejército de sus cuarteles sin rumbo definido, sin garantías constitucionales, hoy será dentro de un marco jurídico sólido y con una estrategia para que su esfuerzo no sea en vano”.
El senador perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa mencionó que su grupo parlamentario apoyará la creación de esta institución si se realizan las modificaciones pertinentes para que no se vulnere la competencia constitucional de los gobernadores y los presidentes municipales, no se nulifique a las policías estatales, reclutando a 50 mil jóvenes para incorporarlos a un frente de batalla contra la delincuencia organizada, cuando hay más de 600 municipios que no tienen una agrupación de seguridad”.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) destacó que la Guardia Nacional será una corporación policiaca disciplinada con capacidad de fuerza. Consideró que de no haber complicación con la violación de derechos humanos este tema podrá ir en consenso hacia adelante.
El diputado de MC, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla apuntó que es preciso explicar cómo es que hace un mes se creó la Secretaría de Seguridad Pública de nueva cuenta, en este dictamen se dice que la policía federal va a pasar a formar parte de la Guardia Nacional, la cual estará por cinco años dirigida por la Sedena, “entonces vamos a tener una dependencia sin fuerza policial a su mando”.
El senador Dante Delgado (MC) manifestó que es necesario recuperar la seguridad pública y el Estado de derecho. “Claro que todos queremos resolver el problema de la inseguridad, pero resulta contradictorio que en unos cuantos días hayan cambiado de opinión”.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) comentó que es importante la participación de los legisladores en este tema, así como el que se escuche la opinión y exposición de las y los especialistas y de las organizaciones de la sociedad civil.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que la Guardia Nacional debe estar regulada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque el dejar la responsabilidad y el mando de este cuerpo de seguridad bajo el régimen militar es riesgoso para el país y las instituciones involucradas. “Debemos tener claro que no es su función, que no es su tarea”.
“El Ejército y la Marina nos han ayudado, sí, y mucho; nuestro reconocimiento a estas instituciones y a la Fuerza Aérea, porque han sido un pilar fundamental para recuperar la estabilidad en muchas regiones del país y Michoacán es un ejemplo de ello; sin embargo, llevamos 12 años así y el problema no se ha resuelto”.
Indicó que apoyó la Ley de Seguridad Interior porque mientras se requiera la presencia de las fuerzas armadas en las calles haciendo tareas de seguridad pública, se necesita un marco jurídico que normalice su actuación. Asimismo, consideró que es falso pensar que se va a resolver el problema de seguridad haciendo uso del Ejército y la Marina.
Hoy por hoy, la Marina tiene una aceptación y reconocimiento de la sociedad cercana al 90 por ciento y el Ejército del 85 por ciento, por lo que es altamente peligroso, que estas instituciones respetadas por los mexicanos realicen tareas de Seguridad Pública, manifestó.
Dijo que se debe fortalecer a las policías locales, municipales y estatales, y paralelamente apoyarse en el Ejército y la Marina, con una regulación específica pero de manera temporal. Asimismo, se tendría que establecer en la reforma o algún transitorio, que “la presencia y tareas de la Guardia Nacional en funciones de Seguridad Pública es temporal, mientras se mejoren los cuerpos policiales”.
“Si la Guardia Nacional se integra con la policía militar, naval y federal, ese cuerpo debiese de pasar a un mando civil y que continúe su proceso de formación, debido a que formar un policía no se hace de la noche a la mañana”, agregó.
En su participación, el gobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, mencionó que el nacimiento de la Guardia Nacional no solamente es una prioridad, sino una urgencia en el país; sin embargo, se deben revisar algunos detalles, como las leyes reglamentarias, las cuales después de su aprobación tendrán 90 días para generar la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la del Uso de la Fuerza y la General del Registro de Detenciones.
Afirmó que la creación de esta figura es un factor muy significativo del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, por lo que sugirió que sea híbrida para que se permita la participación de la sociedad civil y posea un componente de evaluación y revisión, la cual se debe iniciar en la Marina, Defensa Nacional y la Policía Federal. Por eso es importante que la Secretaría de Seguridad sea la responsable de la operatividad de la Guardia Nacional.
Agregó que otro aspecto fundamental es la revisión del artículo 21, pues argumentó que la investigación de los delitos no debe recaer en la Guardia Nacional, sino facultarse como primer respondiente. “Los gobernadores priistas estamos totalmente de acuerdo en impulsar el nacimiento de esta institución de seguridad”.
Subrayó que el problema de la inseguridad no es de un estado o de un grupo de municipios, sino nacional, pues la violencia golpea todos los días, no respeta pluralidad, región o territorio, ni derechos humanos.
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, mencionó que la participación ciudadana es eje esencial para la formulación de políticas públicas derivadas de acuerdos constitucionales. Destacó la importancia de que estas consultas consideren a todas las voces, que deberán ser validadas con el conocimiento de los expertos nacionales e internacionales.
“México exige políticas públicas de buenas intenciones, rigurosas, pero bien implementadas; el país demanda congruencia política y técnica. La Guardia Nacional como institución diseñada en el marco constitucional por la política de seguridad del gobierno federal, debe mantener el respeto a la soberanía de los estados”.
Añadió que en el país existen estados que “sí estamos haciendo la tarea en materia de seguridad. Las etiquetas y generalizaciones no corresponden al respeto político que se deben los iguales. Cambiemos el tono del discurso político. No todos los policías son corruptos. En Querétaro, la gran mayoría ofrecen su valor y arriesgan la vida por un México en paz, de legalidad y tranquilidad”.
Se manifestó por medir con las herramientas correctas lo que se está haciendo en materia de seguridad para, por ejemplo, no confundir el registro de una denuncia con la incidencia delictiva. Hay que cerrarle la puerta a la impunidad y abrir el fortalecimiento de capacidades institucionales de acuerdo con las condiciones de cada entidad, sin generalizar y sin dar un trato igualitario a quienes tienen condiciones diferentes.
Domínguez Servién planteó que el nuevo cuerpo de policía adscrito a las instancias federales de seguridad nunca se aleje del actual mandato constitucional. “Que se caracterice por su disciplina y profesionalismo, sí. Pero esencialmente, que se encuentre al mando de funcionarios de condición civil, como una de las garantías materiales para asegurar el respeto a los derechos humanos. Asumamos con responsabilidad, profesionalismo y vocación federalista los grandes retos de la sociedad mexicana”.
El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, expresó que su gobierno se mantendrá atento a toda iniciativa orientada al fortalecimiento del Estado de derecho y al combate de la inseguridad que tanto lastima las expectativas de la sociedad y debilita a la vida institucional de México.
Dijo valorar las propuestas de reforma constitucional relacionadas con la creación de la Guardia Nacional. “Al tema de seguridad no debemos regatearle nada ni, mucho menos, intentar politizar una materia que genera dolor en las familias mexicanas; normar y definir la Guardia Nacional es un paso necesario”.
Sostuvo que la delincuencia y la operatividad de los grupos delictivos y la inseguridad pública son fenómenos multifactoriales, por lo que las respuestas del Estado también deben serlo, “no limitándose a lo policial sino considerando elementos sociales y económicos”.
Es necesaria una institución policial profesional, eficiente y de carácter nacional, de ahí que estas delicadas tareas exigen de la participación activa de los institutos armados. La creación de la Guardia Nacional puede ser una adecuada respuesta institucional para responder al desafío de la supremacía del Estado frente a los poderes extralegales y delincuenciales, así como de los fenómenos antisociales.
Sin embargo, añadió Peralta Sánchez, es fundamental crear un sistema nacional de prevención que establezca protocolos y líneas de acción para atender la complejidad del reto que se enfrenta y que la Guardia Nacional goce de la mayor claridad en su mando a fin de que pueda generar los resultados deseados sin el riesgo de que surjan conflictos que la debiliten.
Al fijar su postura sobre este tema, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, comentó que sí están a favor de un nuevo modelo en materia de seguridad y de la Guardia Nacional, siempre y cuando haya claridad de mando y la opción no sea lo militar, sino lo civil.
Cuestionó sobre si el procedimiento de reclutamiento de quienes integrarán la Guardia Nacional se someterá a los requisitos de control y confianza para el ingreso, que hoy tienen las instituciones policiacas.
Expuso que en términos de la última sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, la participación activa de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana debe contar con órganos civiles de fiscalización de sus labores, y la iniciativa presentada no lo contempla, aseguró.
Consideró importante otorgar recursos a las policías coadyuvantes porque, de lo contrario, las municipales estarían destinadas a su desaparición. También que la investigación de los delitos le compete única y exclusivamente a las fiscalías.
“Abatir la violencia en México es una asignatura multifactorial; hoy aquí se discute un solo elemento, hagámoslo con compromiso por el país que queremos para el presente y el mañana”, argumentó.
