Ciudad de México a 14 de Enero (CÍRCULO DIGITAL).- En el caso de Chihuahua, no se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por recursos que no le corresponden conforme a la ley, sostuvo la subsecretaria del ramo, Vanessa Rubio Márquez.
Al dar a conocer la postura de la Secretaría de Hacienda sobre la exigencia del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para que le sean entregados recursos al estado correspondientes a 2017, dijo que los que no le corresponden por ley a las entidades federativas “no se pueden politizar”.
En rueda de prensa en Palacio Nacional, acompañada por funcionarios de la dependencia federal, precisó que no se entregaron recursos extraordinarios solicitados por el estado de Chihuahua durante 2017 mediante convenios debido a insuficiencias presupuestarias.
“No se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por recursos que no corresponden conforme a la ley», subrayó Rubio Márquez al señalar que los recursos que no corresponden por ley a las entidades federativas “no se pueden politizar”.
Las entidades federativas, puntualizó, no han dejado de recibir recursos que conforme a derecho le corresponden, “estos recursos no son discrecionales”, y explicó que para cualquier estado, la entrega de recursos firmados por convenio depende de la suficiencia presupuestal.
Ante esta falta de recursos presupuestales para transferir a los estados, “si no hay recursos adicionales, no se pueden obtener de ningún otro lugar, porque no vamos a recurrir a deuda, no vamos a recurrir a ningún otro modo de financiamiento, porque lo más importante a preservar son nuestras finanzas públicas sanas”
Por su parte, el subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo Favela, informó que este año, la dependencia transfirió en tiempo y forma a Chihuahua 43 mil 056 millones de pesos por participaciones y aportaciones federales, es decir, dos mil millones de pesos adicionales a lo que por ley le correspondían, según lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
En compañía del titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Max Diener, y el Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, René Curiel, señaló que este año el estado de Chihuahua recibirá tres mil millones de pesos adicionales respecto a lo aprobado para 2017, con lo cual llegará a 44 mil 106 millones de pesos.
La entrega de estos recursos, destacó, es vigilada por la Conferencia Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF), coordinada actualmente por el estado de Baja California Sur, y afirmó que las participaciones y aportaciones de 2017 se entregaron en tiempo y forma.
Los recursos que el gobernador de Chihuahua menciona que no le fueron entregados en diciembre de 2017, se refiere a recursos extraordinarios solicitados por la entidad a la Secretaría de Hacienda y a proyectos etiquetados en el PEF, haciendo referencia a cuatro convenios, aclaró.
El primer convenio se refiere a la cantidad de 20.4 millones de pesos y correspondieron a proyectos etiquetados en el programa Fortalece del Presupuesto de Egresos 2017, contaba con suficiencia presupuestaria y fue pagada el 29 de diciembre de 2017.
El segundo convenio es por la cantidad de 44.8 millones de pesos, y correspondía a recursos etiquetados en el PEF, pero no se pudo realizar ya que la cuenta bancaria proporcionada por el estado de Chihuahua fue rechazada por el banco comercial.
Hasta el 8 de enero de 2018, que Chihuahua presentó la cuenta validada, pero la transferencia no puede ser realizada en este año por la vigencia anual del presupuesto, abundó Galindo Favela.
Indicó que el tercero y cuarto convenio eran por las cantidades de 35.3 y 700 millones de pesos respectivamente, y correspondían a solicitudes de “recursos extraordinarios” para el saneamiento financiero de la entidad, es decir, pago a proveedores, de aguinaldos, y en general, gasto corriente.
De acuerdo con lo previsto por la cláusula segunda de los convenios respectivos no hubo disponibilidad presupuestaria, subrayó el subsecretario de Egresos.
“Al día de hoy, no es factible normativa ni presupuestalmente realizar transferencia alguna relativa a dichos convenios, en virtud de la vigencia anual del presupuesto 2017”, aseveró al dar a conocer que la situación que guardaban los convenios fue informada vía telefónica por la SHCP al secretario de Finanzas del estado de Chihuahua.
Galindo Favela informó que la falta de disponibilidad presupuestaria afectó, de igual manera, a dos entidades federativas: a Tlaxcala con 150 millones de pesos y a Zacatecas con 189.4 millones de pesos en dos convenios, es decir, el principio fue el mismo para todas las entidades federativas.
Manifestó que para que la Secretaría de Hacienda esté en posibilidad de firmar convenios durante este año, para otorgar apoyos extraordinarios a Chihuahua, primero se debe resolver la revisión judicial y/o la controversia constitucional que el gobierno estatal ha dicho públicamente que llevará a cabo sobre la licitud y viabilidad de este tipo de convenios.
“Es por ello que, en ningún momento se ha condicionado la entrega de los recursos que le corresponden al gobierno del estado de Chihuahua, y la Secretaría de Hacienda siempre ha estado y estará a favor de la transparencia y la rendición de cuentas”, subrayó.
Además, dijo, es la Auditoría Superior de la Federación la que tiene la facultad de fiscalizar directamente los recursos federales transferidos a las entidades federativas.
Afirmó que la Secretaría de Hacienda ha actuado y seguirá haciendo con estricto apego a la Ley, “rechazamos las interpretaciones sesgadas que pretenden confundir a la población sobre un tema que es exclusivamente técnico, jurídico y financiero”.
A su vez, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Max Diener, precisó que esta instancia aún no ha sido notificada respecto a alguna controversia constitucional interpuesta por parte del gobierno de Chihuahua respecto a los recursos que demanda.
“Estamos pendientes para ver cuándo presentan la controversia constitucional, pero hasta este momento no hemos sido notificados y, por lo tanto, suponemos que todavía no está presentada”, agregó en entrevista posterior.
Explicó que la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) es la instancia encargada de dirimir esta controversia constitucional y será la que tenga la última palabra, proceso que tarda “varios meses”.
