- Es urgente avanzar hacia una política de seguridad pública profesional, conducida por el liderazgo civil
Ciudad de México a 05 de Diciembre (CÍRCULO DIGITAL).-Si los senadores aprueban el próximo 5 de diciembre la Ley de Seguridad Interior, «estaremos ante un acontecimiento que podría acarrear consecuencias aún peores en materia de inseguridad, violencia, violaciones a los derechos humanos y criminalización de la protesta social».
Además de los cuestionamientos de actores de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, especialistas e investigadores, así como cuerpos colegiados y universidades, que han señalado la inconstitucionalidad de la Ley, no se ha cumplido la promesa de los últimas cuatro administraciones federales de que la intervención militar en seguridad pública será temporal.
La Ley referida confirma lo contrario y podría producir un efecto de militarización irreversible y de consecuencias irreparables. El Dictamen de la Ley de Seguridad Interior aprobado por la Cámara de Diputados incluye una amplia y ambigua definición de lo que es seguridad interior, lo que en la práctica derivaría en la identificación discrecional de riesgos y amenazas que justificarían la intervención militar.
La Ley de Seguridad Interior es también ajena a los parámetros mínimos de transparencia y rendición de cuentas, pues clasifica como información de Seguridad Nacional toda la información generada por la aplicación de dicha Ley. La Ley permitiría a las Fuerzas Armadas actuar por sí, sin coordinarse y menos aún subordinarse al poder civil; lo cual es una seria amenaza a la continuidad de las instituciones democráticas.
Es por ello que la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) hacen un llamado para que los integrantes de la Cámara Alta no aprueben el documento, como lo hicieron el pasado 30 de noviembre los diputados.
