Ciudad de México a 15 de Febrero (AMPRYT/CÍRCULO DIGITAL).-Las senadoras panistas Sandra Luz García Guajardo y Mariana Gómez del Campo Gurza inscribieron en la sesión pública de este jueves cuatro puntos de acuerdo, con el fin de reforzar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ante la creciente violencia que se vive en nuestro país.
En un primer punto de acuerdo, García Guajardo solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que informe sobre los recursos de ayuda y reparación integral del delito que se han otorgado a niñas y niños, que, como resultado de ser víctimas indirectas, han quedado huérfanas.
La senadora por Tamaulipas pidió también a esa Comisión que informe si a partir de las reformas efectuadas a la Ley General de Víctimas se ha eficientado el acceso al Fondo de Ayuda y Reparación Integral del Delito.
“Uno de los instrumentos más importantes de ayuda se encuentra en la Ley General de Víctimas, ya que se creó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que durante varios años no pudo ser aplicado debido a excesivos trámites y requisitos para poder acceder”, señaló.
En otro punto de acuerdo, conminó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que considere incorporar para el próximo ejercicio fiscal una partida suficiente para implementar el programa “Nuestros niños, nuestro futuro”, que aplica el gobierno de Tamaulipas, a nivel nacional.
“Este programa tiene como objetivo apoyar con becas estudiantiles, gastos de manutención, útiles escolares y uniformes a los menores que han quedado huérfanos a causa de la delincuencia organizada”, expuso.
En su tercera propuesta, García Guajardo exhortó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a los sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, a considerar la posibilidad de replicar el programa “Nuestros niños, nuestro futuro”.
Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza pidió al Sistema Nacional de Protección Integral que, mediante su Coordinación Operativa, implemente a la brevedad una estrategia que consoliden y refuercen los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de prevenir la vulneración de derechos de este sector de la población, ante la creciente violencia que se vive en nuestro país, y salvaguardar el interés superior de la niñez.
Además, solicitó a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que, en coordinación con las Procuradurías de las entidades federativas, brinde una mayor protección integral de los derechos de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Durante los primeros cinco años del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el número de niños y adolescentes desaparecidos ha sido tres veces más alto que años anteriores. De acuerdo con un informe elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia, el peor de esos cinco años fue 2016 con mil 431 desapariciones. La entidad donde han ocurrido más casos es el Estado de México”, precisó la legisladora por la Ciudad de México.
Según el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), agregó, entre 2012 y 2016 se reportaron 4 mil 509 asesinatos de niños o adolescentes.
“Un promedio de tres cada día, y las causas de esos homicidios van desde traumatismos y violación sexual, hasta heridas de armas de fuego o ataques con instrumentos punzocortantes”, acotó.
